(Palabra/Rafael Hernández Urigüen y Enrique Carlier)
Usted ha declarado que ninguno de los partidos con representación en el Congreso refleja hoy la posición de una persona que defienda la vida desde su inicio. Por esa razón, algunas voces ponen en cuestión que los católicos militen en tales partidos y sugieren crear otros nuevos. ¿Qué opina?
El Concilio Vaticano II se expresó claramente sobre la autonomía de los bienes temporales cuando afirmaba que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco den regulado, que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte.
De ahí que un oficialismo católico en la política sea un anacronismo. Debemos afirmar, en primer lugar que la comunidad política se deriva de la sociedad civil a la que debe servir. Existe una primacía de la sociedad civil con respecto a la comunidad política y uno de los fundamentos de la sociedad civil es precisamente el derecho, tutela y promoción de la vida humana como principio fundamental. Los partidos están llamados a interpretar las aspiraciones de la sociedad civil orientándolas al bien común, de ahí que los cristianos están llamados a la transformación de la sociedad según el Reino de Dios mediante la participación en los partidos políticos. Es una verdadera vocación de servicio. La implicación política es un deber del cristiano en la llamada a ordenar la res publica según los principios del Evangelio.
Ahora bien, la forma concreta en que esta participación se lleva a cabo puede ser de diversas maneras: o bien participando en partidos ya constituidos que le permitan orientar la acción política según los principios cristianos y haciéndose acreedor de la cofianza de quienes confíen en él su voto; o mediante la creación o participación en nuevas formaciones y aplicar los principios cristianos y, por tanto, hacerse merecedores de su confianza y su voto
¿Le parece probable que el Tribunal Constitucional se pronuncie próximamente y modifique la situación actual?
El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores considerando la vida humana como un bien que debe ser tutelado también jurídicamente desde su inicio. Pero me parece que la vida humana y su tutela y protección es una cuestión previa al iuspositivismo. Es un bien, podríamos decir, prepolítico. No es la norma jurídica la que otorga el valor a la vida humana. Más bien al contrario, toda norma jurídica, si es justa, lo que debe hacer es reconocer el bien fundamental de la vida humana y no otorgarle su valor o su capacidad de existir. Es un bien que precede cualquier consideración jurídica. Por eso, no sé en qué términos se pronunciará el Tribunal Constitucional. Más allá de su pronunciamiento, la ley justa tiene por su naturaleza el deber de tutelar la vida humana en todos los estadios de su existencia.
Con ocasión del contagio de ébola de una auxiliar de enfermería en Madrid, el presidente del gobierno pidió que se dejara trabajar a los profesionales y que no se politizara el asunto. Sin embargo, no se dice lo mismo con el aborto, donde priman los criterios electorales. ¿Qué señalan los científicos sobre el comienzo de la vida?
Para la embriología, el comienzo de la vida humana es claro: desde el momento de la concepción, cuando se configura el cigoto unicelular, una vez que se ha recombinado la carga genética tras la fusión del espermatozoide y el óvulo, comienza la existencia de una vida humana, diferente de la de sus padres. El problema es una primera ideologización del comienzo de la vida humana, cuando más allá de la realidad biológica, se arrojan sobre el nuevo ser consideraciones que sobrepasan el dato biológico y se afirma falsamente que no existe una vida nueva hasta después de la implantación uterina. Esto contradice el dato embriológico. Y posteriormente una segunda ideologización, cuando se considera que durante las primeras semanas de gestación existe un derecho a eliminar la vida humana. Asistimos, por tanto, a una doble ideologización del comienzo de la vida humana que ha calado ampliamente en la sociedad y también en las formaciones políticas, con el resultado lamentable de que la vida humana no es considerada como un bien ni es protegida durante sus primeras semanas de existencia.
Al igual que Caritas cuenta con programas concretos para atender a los emigrantes, a los parados o a los sin techo, ¿no cabría una Caritas específica dedicada a las embarazadas que necesitan ayuda para no abortar?
Existen gracias a Dios muchísimas organizaciones de Iglesia, además de otras no confesionales pero de inspiración cristiana y de otras organizaciones que prestan este magnífico servicio desde principios humanistas. La Iglesia ha dado muchos frutos de santidad en órdenes, congregaciones religiosas, instituciones e institutos que se han volcado en la atención a la persona sufriente y en la tutela de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. A ellas se han sumado muchas organizaciones promovidas por laicos que se vuelcan en la atención a las mujeres embarazadas en dificultad, a las familias necesitadas que esperan el nacimiento de un nuevo hijo, o a la atención de niños con discapacidades o el acompañamiento de embarazos difíciles.
Con respecto a la posibilidad de una organización específica al estilo de Caritas, le diría que, aunque no existe una organización con la misma configuración de Caritas, las organizaciones, congregaciones e instituciones que atienden a embarazadas que necesitan ayuda para no abortar trabajan en red, con una coordinación cada vez mayor, buscando sinergias y la potenciación mutua de sus capacidades y multiplicación de servicios que prestan, así como la ampliación de atención a nuevas realidades. Lo que me gustaría subrayar es la necesidad de concienciar a la sociedad del don que supone para todos la venida al mundo de un nuevo ser humano, que requiere ser acogido y abrazado. El ser humano es siempre un don, aunque a primera vista algunas circunstancias en las que esa nueva vida puedan parecer generadoras de dificultades y angustias. Tenemos la obligación de acompañar a las mujeres embarazadas en dificultad para que las dificultades puedan ser acompañadas y las angustias disipadas. También me gustaría subrayar el deber de las administraciones públicas de tutelar la vida humana y de colaborar con las diversas organizaciones en sus diversas necesidades para que la ayuda a la maternidad, a la mujer embarazada y a la vida intrauterina y naciente sea adecuadamente atendida.
