(Luis F. Pérez/InfoCatólica) El cardenal advierte que ante la oposición de la Iglesia a la política sanitaria del gobienro de Obama, que buscaba obligar a las empresas propiedad de católicos a contratar seguros médicos que incluyen prácticas inaceptable para la fe de la Iglesia, desde determinados medios de comunicación y ambientes políticos se está planteando si se puede ser católico y buen ciudadano:
«Esa no es la voz de los que lucharon contra la inmigración de católicos en los años 30 del siglo XIX. Ni la de quienes quemaron y destruyeron conventos e iglesias en Boston y Filadelfia una década más tarde.... ni la del Ku-Klux-Klan que quemaban cruces ante iglesias católicas tras la guerra de secesión... es la voz pretenciosamente moralista de quienes forman parte del establishment, que se presentan a sí mismo como progresistas e ilustrados».
El prelado constata que tal hecho está provocando en muchos una crisis de fe y recuerda que «a lo largo de la historia, cuando los católicos y los creyentes en de una religión revelada han sido forzados a elegir entre ser guiados por Dios o por políticos, profesores, editores de los principales periódicos y artistas, muchos de ellos han optado por los poderosos» de este mundo.
El cardenal George recuerda que no hace falta tener coraje moral para acomodarse a las presiones gubernamentales y de la sociedad, pero sí es necesario tener dicho coraje para «ir contracorriente», tal y como pidió el papa Francisco a los jóvenes en la JMJ de Río:
«Nadar contra la corriente implica la limitación al acceso a posiciones de poder y prestigio en la sociedad. Esto significa que aquellos que optan por vivir la fe católica no se podrán presentar como candidatos políticos para un cargo nacional, ni sentarse en las juntas editoriales de los principales periódicos, ni se sentirán como en casa en la mayoría de las facultades universitarias, ni tendrán éxito en su carrera como actores y artistas. Ni tampoco sus hijos, a los que se considerará sospechosos»
El arzobispo de Chicago asegura que «todas las instituciones públicas» serán agentes del gobierno y adaptarán sus actividades a las exigencias de la religión oficial, ante lo cual «la práctica de la medicina y la abogacía será cada vez más difícil para los fieles católicos. Eso implica que en algunos de los Estados las personas que dirigen las empresas deben ajustar sus actividades a la religión oficial o ser multadas, como los cristianos y los judíos son multados por su religión en los países gobernados por la ley de la Sharia».