(EP/InfoCatólica) Así, en un comunicado conjunto, insisten en su oposición a esta legislación que «implica una merma de la autonomía, los derechos y la salud de las mujeres», además de que «vulnera su derecho a decidir», y «es contraria a los compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos».
Por ello, los firmantes solicitan al Gobierno la retirada del texto legislativo, y que garantice a los jóvenes el acceso a una educación afectivo-sexual que les permita tomar decisiones fundamentadas en la materia y que facilite a las mujeres acceso a métodos anticonceptivos modernos y seguros, incluyendo la píldora abortiva del día después.
Las mismas tesis absurdas y mentirosas de siempre
Asimismo, advierten de que aquellas mujeres con suficientes recursos económicos «evitarán ese calvario» y buscarán la forma de interrumpir su embarazo fuera de España, «mientras que las mujeres sin recursos recurrirán a abortos inseguros o se verán obligadas a hacer frente a embarazos no deseados».
Por tanto, entienden que la norma, que previsiblemente superará el trámite parlamentario próximamente, será «especialmente dura» para las mujeres en situación de exclusión social, la de rentas más bajas y las inmigrantes. La realidad es que el aborto seguirá estando financiado por el Estado.
«Hay evidencia de que el número de abortos inducidos es menor en los países que tienen una legislación liberal en comparación con los que mantienen una restrictiva. Dicho de otra manera, las leyes restrictivas de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no consiguen reducir el número de abortos», añaden, mintiendo.
Además desde su experiencia médico humanitaria (sic), recuerdan que los abortos en condiciones de riesgo causan la muerte de casi 50.000 mujeres en el mundo, cada año y causan la invalidez temporal o permanente de otros 8 millones. Esos datos tampoco se corresponden con la realidad.
«Con esta ley, España nadará contracorriente del contexto europeo, en el que todos los países europeos con excepción de Malta, Irlanda y Polonia cuentan con leyes de plazos o de supuestos», afirman, al tiempo que señalan que la reforma del aborto «contradice las recomendaciones de los organismos de derechos humanos». La realidad es que la futura ley será tanto de plazos como de supuestos, así que ese argumento del lobby abortista es absurdo.
Por último, estas organizaciones exigen al Ejecutivo la restitución del modelo sanitario universal vigente en nuestro país hasta la entrada en vigor de la reforma sanitaria, que deja al colectivo de mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular en situación de especial vulnerabilidad.
