(La Tercera/InfoCatólica) Ese día, Chile deberá intervenir en Ginebra, en el marco del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU), mecanismo que pertenece al Consejo de DD.HH. de la ONU y mediante el cual se examina cada cuatro años a los 192 estados miembros.
Tal como había adelantado La Tercera, el Ejecutivo elaboró el 30 de mayo un documento en el que acepta las recomendaciones respecto del aborto, que fueron planteadas por países como Francia, Alemania y Bélgica. Esto, en el marco del proceso normal del EPU, que se inició el 28 de enero, bajo la administración de Sebastián Piñera. Incluso, en ese informe, el gobierno de Bachelet rechazó una sugerencia del Vaticano que pedía «defender y respetar los derechos de la persona humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural». Y se plasmó la siguiente visión: «El ordenamiento jurídico chileno establece que la existencia legal de toda persona principia al nacer».
Todavía no hay un cambio de ley en Chile
Así, en la carta elaborada por la Alianza se le pide a la Presidenta que «rechace las nueve recomendaciones realizadas por los estados para legalizar o despenalizar el aborto en determinados casos», junto con advertirle que «no ha existido un debate legislativo previo, de acuerdo al proceso democrático que la temática de esta magnitud amerita».
La misiva está firmada por casi la totalidad de los senadores de la Alianza: los UDI Jacqueline van Rysselberghe, Hernán Larraín, Ena von Baer, Víctor Pérez, Iván Moreira, Jaime Orpis y Alejandro García-Huidobro, y los RN Andrés Allamand, Alberto Espina, Francisco Chahuán y Baldo Prokurica, además de diputados de ambos partidos: María José Hoffmann, David Sandoval, Claudia Nogueira, Juan Antonio Coloma, Leopoldo Pérez y Paulina Núñez.
Los legisladores también señalan que aceptar las recomendaciones de los otros países para avanzar hacia el aborto, «implica hacer caso omiso de esta necesaria discusión e intentar dirimir el debate unilateralmente, sin un previo debate democrático de acuerdo con nuestro estado de derecho».
En uno de los párrafos de la carta se menciona que la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, «no establece el derecho al aborto como norma de DD.HH.», y se recuerdan también las normas fijadas en 1994 por la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo.
«La Constitución Política de la República consagra, en su artículo 19, número 1º, el ‘derecho a la vida y la integridad física y síquica de la persona’, agregando a continuación que, ‘la ley protege la vida del que está por nacer’, sin reconocer un derecho humano al aborto, conforme a los tratados de derechos humanos ratificados por Chile», agrega el documento de los legisladores.
