(La Tercera/InfoCatólica) Esto, luego de que, por segunda vez en su historia, Chile rindiera el 28 de enero pasado el Examen Periódico Universal (EPU), la prueba más importante en materia de DD.HH. a la que son sometidos, cada cuatro años, los países integrantes y observadores de las Naciones Unidas (ONU), donde son evaluados por sus pares. Chile recibió 185 recomendaciones de los otros países, 114 más que en 2009, momento en que rindió por primera vez este examen.
Tras su segunda evaluación, el gobierno de Sebastián Piñera elaboró, el 25 de febrero, un documento al que accedió La Tercera con las recomendaciones que aceptaría y rechazaría el Estado este 19 de junio.
«Chile ha resuelto apoyar 142 recomendaciones, en el caso de 30 no es posible comprometer su cumplimiento y 13 no cuentan con nuestro apoyo, porque son incompatibles con los objetivos del EPU, los principios constitucionales y el orden jurídico interno», indica el informe. Entre esas recomendaciones «incompatibles» con la legislación chilena -según la administración de Piñera- estaban las que hicieron Finlandia, Francia, Alemania, Noruega, Eslovenia, Suecia, Suiza y Bélgica. Todos estos países coincidían en que Chile debía adoptar las medidas necesarias para posibilitar el aborto legal en casos de violación o incesto y de peligro para la salud de la mujer (ver recuadro).
Para negar esta petición, el gobierno de Piñera argumentó que «(...) ‘la ley protege la vida del que está por nacer’, sin reconocer un derecho humano al aborto, conforme los tratados de DD.HH. ratificados por Chile».
Con la llegada de Michelle Bachelet al Palacio de La Moneda el 11 de marzo, la postura de Estado cambió, lo que dejó plasmado en un documento elaborado el 30 de mayo y aceptó todas las recomendaciones sobre aborto antes desestimadas. Este informe reemplazó al que había sido elaborado por el gobierno anterior.
Dejando su postura más clara aún, rechazó, además, la recomendación realizadas por la Santa Sede (Estado observador de la ONU) de «defender y respetar los derechos de la persona humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural». De acuerdo al informe de este gobierno, «se rechaza (la recomendación) porque el ordenamiento jurídico chileno establece que la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de la madre», indica el documento.
Posturas
Según la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes, «hay un cambio bien drástico ahí (en la posición de los dos gobiernos). Nos preocupó la cantidad de recomendaciones que rechazó la administración de Piñera, porque demuestra una actitud más defensiva frente al sistema internacional. Este gobierno (de Bachelet), de acuerdo a lo que nos informó, aceptará todas las recomendaciones, menos cinco: dos del Vaticano, una de Bangladesh y dos de Bolivia».
El abogado constitucionalista Enrique Navarro, director del Departamento de Derecho Público de la U. de Chile, indicó que «en los temas de relaciones internacionales Chile tiene políticas de Estado que no se modifican, por ejemplo, lo que ha pasado con las defensas en el caso de Perú o Bolivia. En el caso de temas de carácter valórico, en cambio, uno puede observar modificaciones de acuerdo a los énfasis de cada uno de los gobiernos de turno». Así, explica que mientras la administración de Bachelet cita al Código Civil para argumentar su postura respecto al aborto terapéutico, el gobierno de Piñera cita a la Constitución para indicar que su postura es proteger la vida del que nacerá. «Son interpretaciones y estrategias judiciales», dice.
Otro de los temas en que ambos gobiernos difieren es en la postura respecto a la composición de las familias. Mientras en el período del ex mandatario se aceptó la petición del Vaticano de «preservar la identidad de la familia» como «una unión consentida entre un hombre y una mujer», el de la actual Presidenta rechazó la propuesta. Esto, porque según indican en el informe: «El marco jurídico chileno otorga protección a la diversidad de los tipos de familia, a saber, monoparentales, biparentales, incluidas las conformadas por un hombre y una mujer».
Lo mismo ocurrió en el caso de la aplicación de la Ley Antiterrorista: el actual gobierno informó que no la aplicará y la administración de Sebastián Piñera manifestó que su aplicación es excepcional y que no es una práctica discriminatoria con el pueblo mapuche.
Consultado el Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que «el proceso sobre el segundo examen periódico universal (EPU) de Chile es liderado por el Ministerio de Justicia, con la colaboración de esta Cancillería (Dirección de DD.HH.) (...). Se prevé la realización de un acto público el viernes 13 próximo, donde se entregarán detalles de la elaboración de la respuesta de Estado».
