(InfoCatólica) Despues de recibirse los informes preceptivos, el proyecto sería luego aprobado por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria, primero en ponencia y luego en comisión, antes de llegar al Pleno. Según La Razón, el Gobierno está dispuesto a tomar muy en cuenta las enmiendas planteadas a los puntos más polémicos, como la malformación del feto, para corregirlos o modularlos «sin tocar la esencia del proyecto, pero de tal manera que el gesto en favor del consenso y el acuerdo sea claro y contundente»
Además, el primer informe del CGPJ elaborado por Carmen Llombart, vocal conservadora elegida a propuesta del PP, enmendaba también la propuesta de que los dos médicos que deben acreditar deben acreditar el supuesto legal de aborto trabajen en un hospital o clínica distintos del que va a practicar la operación. E incluía una condición para avalar la extensión del derecho a la objeción de conciencia a todos los profesionales sanitarios que se ven implicados en un aborto: la de que se garantice que en todos los centros, públicos y privados, autorizados para practicar abortos haya personal cualificado para llevarla a efecto. El Gobierno se inclina por tomar también en cuenta estas consideraciones.
Un coladero
En caso de que así ocurriera, lo más probable es que la nueva ley suponga de nuevo un coladero absoluto, como ya ocurrió con la de 1985. No parece factible que los médicos que trabajan para las clínicas abortistas se nieguen a firmar informes psicológicos que faciliten el aborto a las mujeres que lo piden.
Con la ley anterior, España llegó a alcanzar la cifra de cien mil abortos al año.
