(Ecclesia/InfoCatólica) «La «Convención contra la Tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes» es una de las principales convenciones internacionales en el marco de la actividad de las Naciones Unidas y a la que se adhieren libremente muchos países miembros de la comunidad internacional, los llamados «Estados Parte» de la Convención.
Para verificar la aplicación de las mismas y de sus progresos se instituyen – en virtud de las Convenciones y por lo tanto según el mandato de los «Estados Partes» – comités de expertos independientes con la tarea de examinar los informes periódicos que los Estados Partes se comprometen a presentar – precisamente sobre su aplicación- en la medida que les corresponda. Durante sus sesiones en Ginebra, el Comité encuentra a las delegaciones de los Estados Partes para examinar con ellos los informes y el estado de aplicación y observación de la Convención así como las eventuales cuestiones de interpretación de la misma. Se trata de un procedimiento normal de diálogo abierto en el que la sociedad civil también puede desempeñar un papel presentando observaciones o sugerencias por parte de organizaciones no gubernamentales de orientaciones diversas .
La Convención contra la Tortura (generalmente abreviada CAT) se remonta a 1984. La Santa Sede se adhirió en 2002 «por cuenta del Estado de la Ciudad del Vaticano » y presentó su Informe «inicial » en diciembre de 2012.
El Comité de las Naciones Unidas sobre la Tortura está integrado por 10 miembros y lleva a cabo su 52 ª reunión en el Palais Wilson de Ginebra del 28 de abril al 23 de mayo. En el curso de la misma examinará los informes de ocho países: Uruguay, Tailandia, Sierra Leona, Guinea, Montenegro, Chipre, Lituania y la Santa Sede. La reunión del Comité con la delegación de la Santa Sede tendrá lugar los días 5 y 6 de mayo.
En primer lugar, en la mañana del 5 de mayo, la delegación efectuará una breve presentación del informe seguida por los comentarios de dos relatores elegidos por el Comité. En la tarde del 6 la delegación puede responder a las preguntas del día anterior y a otras eventuales preguntas de los miembros del Comité.
El 23 de mayo, el Comité dará la conferencia de prensa que clausura la sesión y luego publicará sus «Observaciones finales», a las que los Estados Parte – y por tanto la Santa Sede – pueden responder posteriormente por escrito en modo formal.
Para entender la importancia de este encuentro y la naturaleza del diálogo que se llevará a cabo, es necesario, en primer lugar, dejar muy claro que, dada la naturaleza de esta Convención (que atañe sobre todo a los temas relacionados con el derecho penal, el procesal penal, el sistema penitenciario, las relaciones internacionales en el ámbito judicial, etc …) , la Santa Sede se adhirió a la Convención por cuenta del Estado de la Ciudad del Vaticano, por lo que su responsabilidad jurídica en la aplicación corresponde al territorio del Estado de la Ciudad Vaticano.
Naturalmente la Santa Sede propone también una enseñanza importante sobre el tema de la tortura y de los tratos crueles e inhumanos que es de gran importancia para la difusión de los principios que inspiran la Convención y su aplicación – tanto es así que el Informe presenta una amplia recopilación de referencias y citas del Magisterio de la Iglesia y da cuenta exhaustivamente de la importante actividad de los medios de comunicación del Vaticano en materia -, pero, de por sí, esto va más allá de los compromisos asumidos con la adhesión a la Convención , en cuanto ésta se limita al territorio del SCV .
Los que lean el Informe presentado por la Santa Sede en diciembre de 2012 (que es público) notarán de inmediato que en varios puntos importantes se hace referencia a la revisión en curso de la legislación penal del Estado de la Ciudad del Vaticano. Esa revisión ya se ha completado con las nuevas leyes promulgadas el 11 de julio del año pasado, 2013, entradas en vigor el 1 de septiembre sucesivo (Leyes VIII y IX), que hacen que tanto la legislación penal como el procedimiento penal del Vaticano sean conformes con el Convenio.
Como se explicó en su momento (cf. Comunicado de Prensa, 11/7/2013 ; Texto del comentario del arzobispo Dominique Mamberti en »L’Osservatore Romano , 12.7.2013 ) la revisión fue amplia y profunda, con el fin de adecuar la legislación vaticana – entre otras cosas – a las exigencias de las diversas Convenciones internacionales a las que la Santa Sede se había adherido en el curso de los años: no sólo contra la tortura, sino también contra la criminalidad en ámbito económico y financiera , contra la discriminación racial y por los derechos de los niños.
El progreso de adecuación en ámbito normativo a las exigencias del Convenio es, por tanto, muy relevante.
Al mismo tiempo, durante el diálogo con los Estados Parte, no es extraño que los Comités hagan preguntas que derivan de cuestiones no estrechamente relacionadas con el texto de la Convención, pero si relacionadas con él indirectamente o basadas en una interpretación extensiva del mismo. Sucedió así el pasado mes de enero en ocasión del diálogo con el Comité para la Convención sobre los derechos de los niños
A esto contribuye a menudo la presión ejercida sobre los comités y sobre la opinión pública por organizaciones no gubernamentales fuertemente caracterizadas y orientadas ideológicamente. para incluir también en la discusión sobre la tortura la cuestión de los abusos sexuales a menores , que corresponderia mucho más a la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuanto ese hecho fuera una instrumentalización resulta evidente para cualquier persona que no esté preveída de antemano.
Es también oportuno observar que los expertos que forman parte de los comités son en su mayoría personas que trabajan con gran determinación y mérito en las causas de la promoción de los derechos humanos, de las que, por lo tanto, tienden a ampliar los espacios y formas de defensa. Pero esto debe necesariamente equilibrarse con las reglas correctas de interpretación jurídica para que el debate, en un mundo pluralista, multicultural e internacional, se lleve a cabo siempre de manera constructiva, fomentando el crecimiento del consenso de la comunidad internacional para la protección efectiva de los valores esenciales para la dignidad de las personas.
Por eso es de esperar que se lleve a cabo un diálogo sereno y objetivo, pertinente al texto de las convenciones y sus objetivos. De lo contrario las convenciones se desnaturalizan y los Comités corren el peligro de perder autoridad y convertirse en herramientas de presión ideológica en vez de ser el estímulo necesario para el progreso deseado en la promoción del respeto de los derechos de las personas.
Éste es nuestro sincero deseo de cara al próximo diálogo de los días 5 y 6 de mayo en Ginebra, reafirmando el firme compromiso de la Santa Sede en contra de todas las formas de tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.»
