(ACI/InfoCatólica) El Secretario adjunto de la CEC se refirió al proyecto 244/2003 del Senado de Colombia, en el que advirtió que, de forma específica, en su artículo 13 «afirma que el aborto es un ‘derecho’. Y el aborto no es un derecho. Ningún tratado internacional lo define así».
«El aborto es, por el contrario, el más grave atentado contra el derecho fundamental a la vida que consagra nuestra Constitución y los tratados internacionales firmados por Colombia».
El Parlamento colombiano discute actualmente un proyecto de ley para brindar protección legal a las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Como Capellán del Congreso y Secretario del Episcopado. ¿qué opinión le merece este proyecto que estaría por convertirse en ley?
Aplaudo que el Congreso colombiano busque brindar la mayor protección y garantías posibles a las víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado. La violencia sexual es un delito abominable que deja serias cicatrices en la vida de las víctimas. Ahora bien, considero jurídica y éticamente inapropiado que el Estado colombiano proponga el aborto como la única solución posible ante un caso de violación.
No es la primera vez que le toca lidiar en el Congreso con este tipo de iniciativas. ¿A qué se debe tanta insistencia legislativa en el tema del aborto?
Lamentablemente, en Colombia se está imponiendo una política de Estado favorable al aborto. De la despenalización en algunos casos muy precisos se está pasando a una laxitud total en este tema fomentada por el Estado.
Hoy día, con dineros públicos, se apoya a la mujer para que aborte pero se le niega toda posible ayuda a la mujer que, en circunstancias difíciles, decide proseguir con su embarazo. Y eso es injusto. A mi juicio, se trata de una coacción indebida a la mujer para que aborte violentando así su libertad y su consciencia.
Es grave lo que usted afirma respecto a la existencia de una política de Estado favorable al aborto...
A las cosas hay que empezar a llamarlas por su nombre. No podemos seguir jugando con «eufemismos». La existencia de una política de Estado favorable al aborto viene corroborada por acciones muy concretas.
Le cito una. El pasado 18 de febrero el Departamento para la Prosperidad Social, en nombre del Gobierno, dijo al Congreso que no se debía apoyar a las mujeres víctimas de violencia sexual que decidían proseguir con su embarazo. Según ellos, esa ayuda violaría el supuesto «derecho» de la mujer a abortar.
¿Qué problemas específicos encuentra usted en el proyecto 244/2003 del Senado?
En general, el proyecto hace referencia continua a los derechos sexuales y reproductivos cuyo alcance jurídico es todavía poco claro.
Específicamente, me preocupa el artículo 13 que afirma que el aborto es un «derecho». Y el aborto no es un derecho. Ningún tratado internacional lo define así. El aborto es, por el contrario, el más grave atentado contra el derecho fundamental a la vida que consagra nuestra Constitución y los tratados internacionales firmados por Colombia.
A mi juicio, de aprobarse el proyecto tal y como ha sido redactado, lejos de ayudar a las víctimas del conflicto se les estaría re-victimizando. Espero que los congresistas abran bien los ojos y lean bien lo que están votando con tanta ligereza y despreocupación.
El Congreso colombiano había rechazado en el pasado otras iniciativas favorables al aborto. ¿Por qué en esta ocasión parece avanzar hacia una aprobación?
El poderoso lobby abortista ha aprovechado la coyuntura electoral y el final de la legislatura, en la que muchos congresistas están distraídos en otros asuntos, para hacerlos votar a la ligera un texto plagado de inexactitudes jurídicas. Y la sociedad civil, distraída también en otros debates, no ha caído en cuenta de la gravedad de lo que está aconteciendo.
