(EP/InfoCatólica) Para la elaboración de este informe se designó a las ponentes Pilar Sepúlveda, de tendencia progresista, y Carmen Llombart, de carácter conservador, que podrían elaborar un informe conjunto o bien presentar cada una su propuesta para que sea aprobada por el Pleno.
La primera de las posibilidades parece la más improbable, y más si se tiene en cuenta el contenido de un borrador del texto que prepara Sepúlveda, del que se conoció los duros términos que empleaba contra la reforma del ministro Alberto Ruiz-Gallardón.
En dicho borrador se instaba la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, entre otros motivos, porque «da una respuesta anacrónica criminalizadora» a la realidad del aborto.
Al sector progresista le da igual la sentencia del Constitucional
Se señalaba también que el anteproyecto «desconoce la evolución de la sociedad española al optar por dar una respuesta anacrónica criminalizadora y se encuentra anclado en una interpretación estática de la jurisprudencia constitucional sobre la base de lo sostenido en su día por el Tribunal Constitucional, pero sin advertir el carácter limitado de la misma».
Justicia informó entonces de que ya había recibido la mitad de los informes solicitados sobre el anteproyecto de ley. El Ministerio requirió los dictámenes entre el 10 y el 15 de enero a órganos como los del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia de Protección de Datos o las comunidades autónomas.
Una vez reciba todos ellos, remitirá el texto, que podrá incluir sugerencias de los distintos órganos, al Consejo de Estado, y cuando este de su dictamen, lo someterá a la aprobación del Consejo de Ministros para su remisión al Parlamento.
