(EP/InfoCatólica) Según han explicado la directora general de la ONG Red Madre, Carmina García-Valdés, y el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, la propuesta, que ha sido enviado al Ministerio, incluye un título preliminar, dos títulos, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales (en total 15 páginas). Contempla entre otras aportaciones una «detallada regulación de los derechos de la mujer embarazada» así como la regulación de las políticas públicas de apoyo a la maternidad y los principios de actuación de los poderes públicos propuestos por ambas organizaciones.
Marco legal adecuado para el derecho a ser madre
«La finalidad de esta nueva ley es la creación de un marco legal adecuado pruebe el derecho de la mujer a ser madre y que tenga como elementos nucleares la ayuda y el reconocimiento del bien social e individual que es la maternidad», ha apuntado García Valdés, que ha indicado además que las medidas propuestas se apliquen «a todas las mujeres embarazadas en territorio español, con independencia de su nacionalidad y situación administrativa».
Entre otras iniciativas, además de la protección a mujeres en situación de desamparo para «proteger su derecho a ser madre», la propuesta contempla la posibilidad de que se modifique la ley de familias numerosas para que el no nacido compute como miembro de la familia y esta tenga acceso a sus beneficios, según han explicado los responsables del texto.
Más agilidad en los procesos de adopción y acogida
Asimismo, pide que se adelante la actuación de los procedimientos de adopción y acogida para que, en aquellos casos en que la mujer embarazada declare formalmente que no va a poder hacerse cargo de su hijo, en cuanto nazca tenga ya una familia de adopción o acogida.
«Es muy duro para una mujer que su hijo quede en las frías manos de la administración nada más nacer», ha recordado el presidente del Foro de la Familia.
Educación sexual adecuada
Además, el texto contempla la adopción de medidas «pedagógicas» para «informar y sensibilizar» acerca de cuestiones como «el ejercicio responsable de la sexualidad, con pleno respeto al pluralismo y a la libertad ideológica, religiosa y a los derechos de los padres en materia de educación», así como la concienciación a los jóvenes sobre la «responsabilidad de la paternidad».
En este sentido, Blanco ha reconocido que «El Estado no puede imponer su criterio» sobre las relaciones sexuales de la ciudadanía pero, en cambio, asegura que «sí puede proponer» los modelos que considere más positivos.
García Valdés ha indicado que han enviado el texto al Ministerio de Justicia y esperan que, después de que los técnicos del organismo lo examinen, el ministro se reúna con ellos, según han solicitado.
«Las medidas, o bien pueden conseguirse con la adición de un título nuevo o con la presentación de una nueva ley específica, como podría ser la que hemos presentado», según la directora general de Redmadre.
Alegaciones a la ley del aborto
Por otra parte, los representantes de las dos organizaciones han presentado sus alegaciones al anteproyecto de Ley de protección de los derechos del no nacido y de la mujer embaraza, encabezadas por la petición de que incluya un título dirigido a la protección de la maternidad o bien de que se tramite paralelamente una ley semejante a la que han propuesto.
El presidente del Foro de la Familia ha iniciado su exposición manifestando su apoyo al texto, pese a que reconoce que su «ideal» es una ley que prohíba cualquier aborto, y ha elogiado que se trate de una «ley de protección de los derechos del concebido y no una ley del aborto» (sic).
También ha aplaudido que «restablecerá la patria potestad» que «la ley de 2010 ha derogado» y que «protege el derecho a la objeción de conciencia y elimina el aborto eugenésico».
«Apoyamos el texto como un paso hacia la situación que queremos», ha indicado Blanco, que ha indicado sin embargo que «le extrañaría» que el texto sufriera muchas modificaciones ni hacia una mayor protección del concebido ni en la dirección contraria.
Asimismo, ha puesto en duda la posibilidad de que se retire el anteproyecto porque «cuando un gobierno toma la decisión de poner a debate unas ley de estas características, con un alto voltaje político, ya tiene tomada una decisión. Si hubiese una marcha atrás, el coste electoral sería brutal», ha asegurado.
Modificaciones
Aún así, ha pedido al Ejecutivo que modifique el texto, en primer lugar, para que los profesionales sanitarios que diagnostiquen la situación de salud de la mujer, de cara a la posibilidad de abortar, deban ser obligatoriamente médicos del sistema nacional de salud.
Además, pide también que se suprima la financiación pública del aborto y que desaparezca de la cartera básica del sistema nacional de salud, en coherencia con el «carácter delictivo» que establece el texto propuesto por el Gobierno.
También ha incidido en la necesidad de que se evite que la ley se convierta en «un fraude» como, según han explicado, «supuso la ley del 85». «Antes de 2010 había ya aborto libre de forma fraudulenta, por eso no subió el número de abortos con la aprobación de la ley», ha asegurado Benigno Blanco.
Manfiestación el 23 de marzo
Por último, los responsables de ambas organizaciones han recordado que el próximo día 23 de marzo, las organizaciones que forman parte de la Plataforma Sí a la Vida han convocado una marcha por las calles de Madrid para pedir la protección de la vida «desde su concepción hasta su muerte natural» y exigir al Gobierno que implemente medidas de protección y apoyo a la maternidad.
Además del encuentro principal, que tendrá lugar a partir de las 12:00 horas en la Plaza de Cibeles y terminará en la Puerta del Sol, se realizarán actos y movilizaciones el mismo día en otras provincias con motivo del 'Día Internacional de la Vida' que se conmemora la semana siguiente, el 25 de marzo.
