(El Nacional/InfoCatólica) «Deploramos esas muertes, y manifestamos nuestras condolencias a los familiares y amigos de todos los fallecidos desde el inicio del conflicto», expresó el cardenal en un comunicado que tituló «¡No a la escalada de violencia». El prelado asegura que
«los integrantes de los colectivos del oficialismo deben ser desarmados y sometidos al imperio de la Ley. Rechazamos los ataques con armas de fuego por cualquier ciudadano. Deploramos el llamado a grupos civiles organizados y a los colectivos a reprimir las manifestaciones. El uso de la fuerza está reservado por las leyes a los cuerpos de seguridad del Estado, a quienes corresponde en exclusividad contener la violencia que puedan desplegar algunas personas. La intervención de estos grupos en la contención o represión de manifestaciones, además de ilegal, es sumamente peligrosa y amenaza con dar más fuerza todavía a las protestas de los ciudadanos».
En este sentido, destacó la necesidad de que «el Gobierno y quienes ejercen responsabilidades de dirigencia política redoblen esfuerzos para llamar a sus seguidores a poner fin a la violencia: tanto en las manifestaciones de los ciudadanos, como en el uso de la fuerza por parte de funcionarios de seguridad. En este sentido, la mayor responsabilidad la tiene el Gobierno Nacional, que marca el ritmo de la vida del país, y debe instruir a sus funcionarios sobre el uso proporcional de la fuerza, la cual debe ser ejercida en el marco de las leyes y exclusivamente por los organismos oficiales».
Además el cardenal añadió que en estas circunstancias «son necesarias la serenidad, la colaboración de todos los ciudadanos para fomentar la concordia y evitar hechos violentos que atenten contra el orden público o pongan en peligro la vida de las personas, así como la voluntad efectiva por parte del Gobierno de resolver la actual crisis. Y sobre todo, es preciso que nos reconozcamos todos como hermanos, miembros de un mismo pueblo, e hijos de Dios por igual».
