(EP) La portavoz de la plataforma, Gádor Joya, ha celebrado en rueda de prensa el descenso en la cifra de abortos de 2012 respecto al año anterior, porque son «cerca de 6.000 niños menos los que han escapado a la tragedia del aborto».
En todo caso, considera que este sentimiento «positivo» no es incompatible con afirmar que más de 112.000 abortos en un año sigue siendo «una cifra escandalosa, que debe avergonzar a una sociedad moderna y de progreso».
En este contexto ha enmarcado la solicitud de que el Gobierno elimine el supuesto del riesgo para la salud psicológica de la mujer para que la bajada sea más significativa. Para Derecho a Vivir «si no hay voluntad política, tanto la promesa electoral como la aprobación del anteproyecto de ley quedarían en papel mojado».
Baja la población fértil
Además, ha añadido que el «mejor año» de la 'Ley Aído' es «más dramático que el peor de los años de la ley de 1985» por lo que no achaca a «una supuesta bondad» de la ley de 2010 al descenso de las cifras en 2012, sino que para Joya, esto se debe a que hay una caída de población fértil, sobre todo extranjera. Al mismo tiempo, ha subrayado que el negocio del aborto crece y ha aumentado el número de establecimientos para una facturación estimada superior a los 56 millones de euros sólo en 2012.
Igualmente, Derecho a Vivir ha recordado que, pese al descenso de cifras en 2012, en 2011 aumentaron en 5.238 y que la relación del número de abortos respecto al de nacimientos, así como el porcentaje de abortos sobre el total de embarazos es más de dos puntos superior a 2009, último año de la aplicación de la ley de 1985 durante un año completo.
«Si el Gobierno modifica la reforma que ha presentado para controlar el 'coladero' del riesgo para la salud psicológica se puede producir un descenso muchísimo mayor en el número de abortos, siempre y cuando el Gobierno se tome en serio su aplicación», ha insistido.
Finalmente, ha insistido en la necesidad de estas modificaciones porque el negocio de los abortos es «de los pocos que en plena crisis mantiene el tipo» con una facturación de 56 millones de euros «pagados con el dinero de todos los españoles». Por ello, ha dicho que es «fundamental» el cambio en el anteproyecto de ley para evitar así que los profesionales médicos que evalúen a la mujer «lo hagan llevados por el interés económico».
