(Zenit/InfoCatólica) En declaraciones recogidas por la agencia Reuters, el jefe de la Asociación Independiente de Abogados afganos y miembro del grupo de trabajo, Rohulá Qarizada, ha reconocido que están «trabajando para que los casos de adulterio en los que haya cuatro testigos presenciales sean castigados con la lapidación».
Tras conocer la noticia, el director de HRW para Asia, Brad Adams, ha asegurado que «es absolutamente desconcertante que 12 años después de la caída del Gobierno talibán, el Ejecutivo de Karzai quiera volver a instaurar la lapidación como castigo», en referencia a una práctica que se convirtió en habitual durante el régimen fundamentalista entre 1996 y 2001. «El presidente Karzai tiene que demostrar al menos un compromiso básico con los Derechos Humanos y rechazar este proyecto», ha añadido.
La propuesta, a la que ha podido acceder Human Rights Watch, sostiene que serán castigados tanto el hombre como la mujer que estén involucrados en una relación fuera del matrimonio «si el adúltero, o los adúlteros están casados». Además la lapidación tendrá lugar en un «lugar público predeterminado». En caso de que «el adúltero o los adúlteros no estén casados», la sentencia será de «100 latigazos». En la actualidad el código penal afgano prevé penas de cárcel de hasta quince años para estos dos casos.
Por su parte, Amnistía Internacional (A.I.) ha afirmado este martes que la propuesta formulada por un comité afgano dependiente del Ministerio de Justicia de recuperar la lapidación en casos de adulterio «significaría un retorno a la brutalidad estatal legalizada».
El grupo de trabajo del Ministerio de Justicia está considerando también reintroducir en el Código Penal la amputación de miembros y la latigación como castigos físicos por diversos crímenes, ha informado Europa Press.
«La lapidación y la amputación son siempre una forma de tortura, y también lo es la latigación tal y como es practicada en Afganistán. Todas estas formas de castigo están estrictamente prohibidas por los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, aplicables en el país», ha denunciado Horia Mosadiq, investigadora para Afganistán de A.I.
Asimismo, ha destacado que «algunos de estos castigos han sido propuestos para actos que nunca deberían ser criminalizados, como las relaciones sexuales consensuadas entre adultos o la elección de la religión que cada persona decida seguir».
«Cuando Afganistán dejó atrás estos castigos tras expulsar del poder a los talibán hace más de una década se abrió un rayo de esperanza para una reforma progresiva de los Derechos Humanos en el país», ha señalado Mosadiq.
«Que las autoridades afganas estén siquiera considerando un retorno a estas prácticas es inaceptable. Sería una traición al pueblo afgano y un engaño al compromiso del Gobierno con la mejora y monitorización de los Derechos Humanos», ha asegurado.
A.I. se ha sumado así a las críticas vertidas por Human Rights Watch, que ha denunciado la propuesta formulada por el comité y ha solicitado al Gobierno afgano que la rechace.
En una información al respecto, la agencia MISNA ha explicado que «la iniciativa probablemente ha sido concebida para garantizar mayor estabilidad social en un país conservador en el que el sexo fuera del matrimonio es considerado tabú y generalmente conduce a venganzas entre familias y clanes».
«De este modo el gobierno de Kabul estaría tratando de regular –según una visión islámica radical– fenómenos de castigo extrajudicial que de todos modos se llevan a cabo y en general a espaldas de las autoridades».
