(EP) Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la primera sesión del Foro de Derecho Aragonés, que se desarrolla bajo el título 'Protección de los bienes de interés cultural dentro y fuera de Aragón', en el Colegio de Abogados.
García Vicente ha precisado que hay una sentencia civil y otra canónica que reconocen la titularidad de los bienes a las parroquias aragonesas y «lo que hay que hacer es ejecutar», algo que en el caso de la canónica le corresponde a la Iglesia, si bien esta podría ceder al Gobierno de Aragón el ejercicio de la acciones «para que tuviera legitimación».
Ha añadido que si el ordinario del lugar, es decir, el obispo, en este caso el de Lérida, no ejecuta la sentencia, «incurre en responsabilidad jurídica» y esta se la tiene que exigir su superior, que es el Nuncio de la Santa Sede en España y, en última instancia, el Papa.
En relación con este último, García Vicente ha deseado que «habiendo cambiado el Papa» y siendo el actual jesuita, orden que «está acostumbrada a estar en tierra de fronteras», este «proteja a quienes son menos numerosos, los aragoneses, y cambie la postura que hasta ahora se ha mantenido».
Además, ha comentado que si la Generalidad de Cataluña se opusiera a esa entrega, no puede esgrimir la titularidad, ni tampoco la catalogación como bienes en esa Comunidad puesto que «esta no presupone nada sobre la propiedad» y «está mal hecha porque debería hacerse con los titulares de los bienes y solo lo notificaron al obispo de Lérida».
Concordato
El Justicia de Aragón también ha argumentado que si no se ejecuta la sentencia, el Gobierno de Aragón, puede pedir que se ponga «en tela de juicio» el Concordato de la Santa Sede con el Estado español, mientras que por la vía civil ha dicho que el Ejecutivo aragonés «puede subrogarse en el ejercicio de unas acciones y no descarto que pueda ir más lejos, en defensa de los derechos de los aragoneses» y «recupere los bienes por la vía de la expropiación».
Finalmente, ha sostenido que en un Estado de Derecho moderno no puede ser que las sentencias no se ejecuten «porque va contra la seguridad jurídica».
Por su parte, el abogado de las diócesis de Barbastro-Monzón y Huesca, Hipólito Gómez de las Roces, que también ha intervenido en el Foro, ha defendido, en declaraciones a los medios de comunicación, que la posición de los obispos de ambas diócesis «es la única que puede mantenerse con dignidad y con respeto a los cánones».
En este sentido, ha remarcado que «a los señores obispos de Huesca y Barbastro hay que hacerles un día un homenaje por la prudencia que tienen, saber estar y obedecer», algo que «les está costando grandes disgustos».
Llegar al Papa
Asimismo, ha considerado que «llegar al Papa sería lo mejor, pero es difícil» y ha esgrimido que en estos momentos «la realidad es más política que jurídica», para estimar que expropiar «me parece un drama inútil» y tendrían que explicar «a quién quieren expropiar».
Para Gómez de las Roces, tras las dos sentencias –una de jurisdicción ordinaria y otra del Vaticano– que ya han dicho a quien pertenecen los bienes, «solo falta ejecutarlas», para desear que el Gobierno español «se tome en serio» este asunto porque, junto con la Santa Sede, son «quienes tienen que decidir cómo se sigue».
Finalmente, ha afirmado que el conflicto se debe solucionar «con mucha tenacidad porque los aragoneses tenemos más ímpetu que persistencia», cuando esta cuestión requiere de «mucho tiempo» y, por su parte, como abogado, «lucharé con fe absoluta por ver» los bienes «algún día en Aragón».
