(USCCB/Aleteia) «La protección de los derechos de conciencia en la salud de de una gran y especial importancia para la Iglesia Católica, la cual contribuye diariamente al bienestar de la sociedad de EE.UU. a través de escuelas, servicios sociales, hospitales y residencias asistidas», manifestaron los prelados en su comunicación, según informó la Conferencia de obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB). «Estas instituciones que han sido parte del ministerio de la Iglesia desde los primeros días de nuestro país, surgen de convicciones religiosas», recordaron.
Por este motivo el Card. O'Malley y Mons. Lori declararon que esas instituciones «no deberían recibir la orden del gobierno de abandonar o comprometer sus convicciones con el fin de continuar sirviendo a sus propios empleados o los americanos más necesitados». Los prelados ampliaron este mismo reclamo a los fieles católicos que poseen empresas con ánimo de lucro. «Tampoco los católicos individuales u otros deberían escuchar de su gobierno que no pueden comprar o proveer cobertura legal de salud a menos de que violenten su conciencia».
Injusta elección entre salud y moralidad
La carta denuncia en forma expresa que el mandato del HHS constituye una amenaza para las libertades de los creyentes. «El mandato incluye drogas y dispositivos que pueden actuar en contra de una vida humana después de la fecundación, implicando nuestra enseñanza moral sobre aborto, así como la referida a la anticoncepción».
Ante esta situación la Iglesia solicita a los congresistas que incluyan el proyecto en un conjunto de normas que será aprobado próximamente para poder «preservar la libertad religiosa y el derecho de conciencia para todos los que toman parte en nuestro sistema de salud». La natural lentitud de las demandas interpuestas ante las cortes por parte de individuos y organizaciones que objetan el mandato motivan el interés de la Iglesia en una protección más expedita a través de la legislación.
«Hacemos nuestro llamado como líderes religiosos que apoyan con fuerza el acceso universal a la salud», aclararon los prelados. «Ese acceso está siendo arriesgado por la ausencia de protección del derecho de conciencia por parte del Congreso».
La carta concluye con una clara definición del derecho defendido por la Iglesia: «Aquellos que ayudan a proveer servicios de salud, y quienes necesitan este cuidado para sí mismos y sus familias, no deberían ser obligados a escoger entre preservar su integridad religiosa y moral y su participación en nuestro sistema de salud. Por favor actúen sobre este asunto sin retraso».
