(Efe/InfoCatólica) Montano se enfrentaba a varios cargos por perjurio al supuestamente mentir en su solicitud para obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) que el Gobierno estadounidense otorga a quienes no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles o desastres naturales.
La fiscalía había pedido una pena de prisión de más de cuatro años al argumentar que Montano había emigrado a Estados Unidos, en parte, para evitar el posible enjuiciamiento por la masacre de los jesuitas en El Salvador.
El juez que instruye el caso en la Corte Federal de Massachusetts, Douglas Woodlock, consideró que no hay duda de que Montano estuvo envuelto en violaciones de derechos humanos según las pruebas aportadas durante el juicio, pero advirtió de que esa no era la razón por la que estaba siendo juzgado en suelo estadounidense.
Los documentos presentados en el tribunal indican que, tanto en su solicitud inicial para el TPS como en otras solicitudes para renovarlo, el coronel retirado negó haber sido miembro de las Fuerzas Armadas de El Salvador, haber pertenecido a algún grupo que utilizase armas contra alguna persona o haber recibido capacitación militar.
El abogado del ex coronel, Óscar Cruz, solicitó la libertad condicional argumentando que Montano no tenía ningún miedo a ser procesado en El Salvador debido a la Amnistía General de 1993, por lo que no había peligro de fuga.
Sin embargo, Woodlock pidió este lunes al fiscal John Capin información sobre el estado de la solicitud de España para extraditar a Montano.
El proceso de sentencia, que se ha extendido durante tres días, contó con la testificación de la doctora en Estudios Latinoamericanos, Terry Karl, especialista en la guerra civil de El Salvador (1980-1992) y profesora en la Universidad de Standfor.
Karl, que prestó testimonio a petición de la fiscalía, argumentó en la corte que Montano tuvo que estar implicado por necesidad en ciertos episodios que atentaron contra los derechos humanos durante el conflicto interno que sufrió el país debido a su cargo como viceministro de Seguridad Pública.
Más cerca de la extradición a España
Por otra parte, la doctora precisó que El Salvador emitió dos excepciones a la amnistía del 93, una de ellas relativa al asesinato de los jesuitas.
Karl se mostró satisfecha con la sentencia, ya que, según explicó facilitará al Departamento de Justicia estadounidense a procesar una posible extradición de Montano a España.
«Hoy estamos un paso más cerca de lograr justicia para las víctimas de la masacre», dijo en un comunicado el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, en inglés), institución para la defensa de los derechos humanos basada en San Francisco y que ha seguido de cerca el caso.
«La sentencia de 21 meses (contra Montano) envía un mensaje a los violadores de derechos humanos: no pueden buscar un refugio seguro en Estados Unidos y evitar la responsabilidad por sus acciones», apuntó el centro.
«Ahora, el proceso de extradición para el juicio en España puede comenzar, y allí Montano será juzgado por su papel como uno de los altos cargos que tomaron decisiones y ordenaron el asesinato en 1989 de los jesuitas en El Salvador», añade la nota.
El 2 de diciembre de 2011 las autoridades españolas acordaron solicitar la extradición de 15 ex militares salvadoreños, entre ellos Montano, por cargos de conspiración y asesinato de cinco de los jesuitas y tres ciudadanos salvadoreños, así como de crímenes contra la humanidad y terrorismo.
En noviembre de 1989 los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno, así como el jesuita salvadoreño Joaquín López y López y dos empleadas domésticas que trabajaban con ellos, Elba y Celina Ramos, fueron asesinados por un escuadrón de la muerte en el campus de la Universidad Centroamericana.
