(Agencias) Los calificativos más críticos han llegado desde FACUA-Consumidores en Acción, que considera que la propuesta es «homófoba y machista», al establecerse como premisa el criterio único de la infertilidad en las parejas en el borrador de cartera común básica de servicios asistenciales de reproducción humana asistida.
FACUA considera «intolerable» que se pretendan alegar criterios «terapéuticos y preventivos» a los que sólo podrían acogerse las parejas heterosexuales, que tienen exactamente los mismos derechos que familias formadas por parejas con miembros del mismo sexo o por mujeres solas, por el mero hecho de «priorizar recursos». La asociación de consumidores ha pedido al departamento que dirige Ana Mato que retire su propuesta antes del Consejo Interterritorial del próximo martes.
También a Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública considera que la propuesta es discriminatoria y «puede vulnerar el derecho a la no discriminación que está garantizado por la Ley General de Sanidad y la propia Constitución».
El borrador presentado por el Ministerio de Sanidad al grupo de trabajo de la cartera común básica de servicios asistenciales de producción humana asistida (RHA), incluye dentro de sus criterios de inclusión solo a parejas integradas por mujer menor de 40 años y hombre menor de 55 años, con lo que quedan fuera las mujeres solteras y las parejas integradas por dos mujeres.
En cuanto a los criterios de exclusión, el borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, no habla expresamente de parejas del mismo sexo ni de mujeres solteras, pero sí expone cinco motivos por lo que no se podrá optar a estos tratamientos:
- la esterilización voluntaria previa de cualquier miembro de la pareja
- una contraindicación médica documentada para el tratamiento de la esterilidad
- una contraindicación médica documentada para la gestación
- la existencia de situación médica documentada que interfiera de forma grave sobre el desarrollo de la descendencia
- la incapacidad para cumplir el tratamiento por motivos relacionados con la salud, por motivos familiares o relacionados con el entorno de cualquier miembro de la pareja.
«El criterio que sigue la medida es que un hombre y una mujer, tras llevar un año de relaciones sexuales sin protección, no hayan podido concebir, reconociendo que la sanidad pública debe ayudarles en su intención de tener descendencia biológica. Ese derecho, sin embargo, es negado a las parejas de mujeres lesbianas o bisexuales y a las mujeres solas. De este modo, se establece que la mujer no es acreedora de un derecho, sino que solo lo es su pareja masculina», critica por su parte la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB.
A juicio de esta asociación, esta decisión «choca frontalmente con la doctrina del Tribunal Constitucional en la Sentencia que avala el matrimonio igualitario», por lo que la considera inconstitucional.
Críticas desde el PSOE
Por su parte, el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad, ha reprochado a Ana Mato que quiera excluir de la reproducción asistida a mujeres y parejas que no sean «como Dios manda». En una entrada en su blog, Martínez Olmos ha criticado que, de nuevo, «la ideología marque la acción del Gobierno del PP» un problema que ha ligado al «deterioro de la oferta pública».
Según explica, el Gobierno se plantea «dar un nuevo paso atrás» en relación a los tratamientos de reproducción asistida, como la inseminación artificial o la fecundación in vitro que, según asegura, van a estar «vetados» a parejas de lesbianas y a mujeres solas en la sanidad pública.
El diputado socialista considera que este anuncio es un retraso con respecto al decreto de 2006 que establecía como «único requisito» para acceder a la reproducción asistida en la sanidad pública que existiera un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, criterios de «carácter exclusivamente clínico, sin injerencias ideológicas. Sin sectarismo».
Por todo ello, subraya que esta medida supondrá «otro paso más» para tener una sanidad pública «de mínimos», y de esta manera, seguir empujando al «descreme» de la sanidad pública. «Otro aspecto más, que los socialistas tendremos que reponer cuando regresemos al Gobierno», avecina el parlamentario.
En el mismo sentido se ha manifestado este viernes, en su perfil de Facebook, la vicesecretaria general de PSOE, Elena Valenciano, quien considera que con este medida «el derecho a ser madres queda, así, reservado a quienes se atengan a un único modelo de familia».
A su juicio, la razón de ello es únicamente la «ideología» y sugiere que, «si el problema para limitar los tratamientos es presupuestario, la selección debería basarse en el nivel de renta -además de los otros requisitos de salud, idoneidad, etc.- y no en el tipo de unidad familiar».
