(Efe) El fallo responderá a un recurso planteado por una diputada que cuestiona varios artículos del Código Penal, que penaliza el aborto en Bolivia y solo lo autoriza en determinadas circunstancias. Flores dijo que el TC ha solicitado información al Parlamento porque está a cargo de la emisión de las leyes y ha consultado asimismo con la Iglesia, organismos no gubernamentales y expertos en materia de aborto de dentro y fuera de Bolivia.
Esta información será complementada con otros informes técnicos sobre la percepción y las prácticas de los pueblos y naciones indígenas sobre el aborto, agregó el magistrado. «Una vez que se complemente toda esa información, los magistrados con la responsabilidad que comprende llevar adelante estos casos, van a asumir un fallo que, estamos seguros, se va circunscribir a la Constitución Política del Estado», sostuvo Flores.
El magistrado remarcó que se tratará de «un fallo muy delicado porque tiene un gran impacto social» y por ello será trabajado con objetividad viendo los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos.
El fallo permitirá definir si la norma que penaliza el aborto es o no constitucional y será un elemento importante en el proceso de construcción de los nuevos códigos del país. Si el consenso no es posible sobre la primera propuesta de fallo, se elegirá a otro magistrado relator que tendrá un tiempo más para preparar su proyecto, pero la sentencia saldrá este año, agregó.
Intensa campaña proabortista
El aborto está penalizado en Bolivia salvo en caso de embarazos producto de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro, incesto y cuando la vida de la madre esté en riesgo, pero en cualquier caso es necesario un permiso judicial. Sin embargo, organizaciones proabortistas han denunciado que en ocasiones los jueces tampoco dan curso a casos en los que el aborto entraría bajo los supuestos legales.
Hace unos días, la investigadora estadounidense Natalie Kimball presentó un estudio en el que se revela que en Bolivia ya existe una red de organizaciones no gubernamentales proabortistas que responden a la demanda de abortos ilegales.
