(Fides/InfoCatólica) Una referencia clave para ver como evoluciona la situación será la «ley sobre la blasfemia» que Sharif, en el gobierno anterior, confirmó ampliando las sanciones a cadena perpetua y pena de muerte: «Un cambio en la ley sobre la blasfemia es difícil para cualquiera. Lo que se puede hacer es pedir que se castigue a los que hacen falsas acusaciones de blasfemia y evitar que los altavoces de las mezquitas inciten a la violencia. Sería para nosotros un pequeño alivio», explica el padre Bonnie Mendes, un sacerdote de Faisalabad.
En una entrevista con la Agencia Fides, el P. dominico James Channan, Director del «Peace Center», de Lahore se dice «moderadamente optimista»: «Es cierto - declara a Fides – que Sharif en el pasado se ha visto favorecido por los partidos religiosos y militantes como 'Laskar-e-Jhangwi'. Y que durante su segundo mandato su política, caracterizada por una agenda islamista, no fue la de alentar a las minorías religiosas. Pero hoy la situación es diferente. La población sufrió mucho bajo el gobierno del Partido Popular de Pakistán (PPP), especialmente en cuestiones económicas, como la falta de electricidad, la inflación, el desempleo, la corrupción. Las personas han optado por una amplia mayoría, el PML-N, viendo en Nawaz Sharif a un hombre que puede ayudar a la economía».
«Podemos sorprendernos - continúa p. Channan – al saber que en muchas ciudades, los cristianos han votado a favor de Nawaz Sharif, por ejemplo, en Lahore, Faisalabad, Okara, Multan y Renala Khurd, todas ciudades de Punjab. Parece y se espera que Nawaz cambie su actitud hacia la militancia islámica y se centre en las cuestiones económicas, para llevar el bienestar a todos».
Pero queda en nudo controvertido de la blasfemia: «Hasta el momento, ninguno de los gobiernos anteriores la ha tocado - recuerda el dominico - debido a las presiones y amenazas de los islamistas militantes, que salieron a las calles. El último gobierno perdió al gobernador Taseer Salam y a nuestro ministro Federal Católico Shabaz Bhatti, que habían trabajado contra la ley. Yo creo que ningún gobierno derogará las leyes por temor a los militantes. Sin embargo, es posible que se aprueben algunas garantías para los acusados. Esta es nuestra petición al nuevo gobierno».
