(EP) Giménez Barriocanal ha explicado que, con esta auditoría, quieren que la firma revise el contenido de la memoria, es decir, el dinero que ha recibido la Iglesia española y cómo lo ha distribuido; que valide el sistema de captación de datos utilizado; y poder contar con un informe que respalde la validez de la memoria que presentan anualmente.
Además, ha puntualizado que los obispos españoles decidieron someter sus cuentas a este examen «mucho antes» de la Ley de Transparencia y de que se le pidiera a la Iglesia que verifique sus datos. «Lo hemos pedido por iniciativa propia, pensábamos que era bueno que la sociedad supiera que los datos que estamos ofreciendo son fiables», ha subrayado.
Sobre las asociaciones que apuntan que la Iglesia recibe más dinero del que aparece en la memoria –apuntando a las exenciones fiscales, al mantenimiento del patrimonio y a los colegios concertados–, Giménez Barriocanal considera que ya podrán presentar miles de justificantes que «aquellos que mezclan conceptos y atribuyen a la Iglesia dinero que no es de la Iglesia o que, al menos, es proveniente de servicios que prestan directa o indirectamente instituciones que puedan tener que ver con la Iglesia» no se quedarán convencidos.
Concretamente, sobre los cerca de 3.000 monumentos histórico artísticos que tienen las instituciones de la Iglesia Católica en España –catedrales, monasterios, ermitas–, ha destacado que gracias al gasto en su conservación, se beneficia la sociedad española, no solo cultural sino también económicamente ya que son «fuente de recursos económicos del turismo cultural, tanto nacional como internacional».
Acerca de los sueldos de los profesores de Religión, ha señalado que es un dinero que reciben personas físicas a cambio de su trabajo y no instituciones de la iglesia y sobre el dinero de los colegios concertados, ha aseverado que ofrecen un servicio que reciben los padres y que «lejos de ser un lastre supone, según datos del Ministerio (de Educación) un ahorro de mas de 4.000 millones euros».
Mientras, en cuanto a las exenciones fiscales, Giménez Barriocanal ha precisado que la Iglesia se atiene a lo que marque la Ley de Mecenazgo que es el régimen fiscal en el que se encuentra incluida junto a las entidades sin fines lucrativos. Por ello, ha señalado que estarán a lo que marquen las leyes, aunque duda que se haga un recorte drástico de este régimen pues sería «perjudicial» para la sociedad en la medida en que «un euro gestionado por una entidad no lucrativa suele rendir más que ese mismo euro gestionado desde la administración pública».
Inmatriculaciones
Por otra parte, en cuanto a los registros de propiedad, ha explicado que al modernizarse los registros, se han producido tres casos diferentes pero «legítimos»: el de las diócesis que decidieron regularizar en el registro todas sus propiedades hace mucho, el de aquellas que lo han hecho recientemente, y el de otras que «no se han molestado en registrar oficialmente algo que es propiedad suya desde época inmemorial».
Lo que no sería lícito, a su juicio, es que una institución de la Iglesia quisiera utilizar ese procedimiento para apropiarse de algo que no fuera suyo, pero para eso, según recuerda, existen las leyes, para verificar que aquello que se ha certificado no es correcto. «Es una polémica que no tiene consistencia real. Defiendo plenamente el derecho de una diócesis a inscribir aquellos bienes que inmemorialmente son suyos», ha apostillado.
Por otro lado, en el marco de la campaña de la Declaración de la Renta, Giménez Barriocanal cree que el sistema de asignación tributaria está «bastante consolidado» en España, con 7,3 millones de declaraciones a favor de la Iglesia Católica, y aspiran a «seguir progresando con calma» en número de contribuyentes que marcan la 'X' y en la cantidad asignada aunque son conscientes del efecto que la crisis tiene en las declaraciones de la renta y no saben «cuántas personas, lamentablemente, han perdido su puesto de trabajo» ni el volumen de renta media.
Crece el número de personas atentidas por la Iglesia
En relación al número de católicos en España, ha puntualizado que calculan que aproximadamente diez millones de personas acuden a misa los domingos y que de estos, hay menores y mayores que no hacen la Declaración de la Renta y los propios sacerdotes que no llegan al mínimo para tributar. Partiendo de este punto, considera que el hecho de que un 34 por ciento de declarantes marquen la casilla refleja un «importante apoyo».
Esta forma de financiación surgió en 2007, año hasta el cual existía una asignación tributaria con un porcentaje inferior aunque con un suelo fijado (que en 1978 se estableció en 8.000 millones de pesetas, 48 millones de euros). A partir de 2007, se incrementó el porcentaje de asignación pero, a cambio, la Iglesia renunció a ese mínimo y a la exención por IVA que tenía hasta entonces cuyo importe suponía entre 30 y 40 millones de euros.
Giménez Barriocanal ha adelantado que, como se verá en la memoria económica que presentarán este mes de junio, «un año más se han incrementado las necesidades, un año más la Iglesia ha tenido que atender a más gente y un año más, ha habido necesidad de, con algo menos de dinero, atender a más personas».
