(Efe) José Luis Ayllón ha señalado que, dado que la Iglesia Católica recibe un importante porcentaje de fondos por vía pública, se verá afectada por las obligaciones de la Ley de Transparencia y tendrá que publicar en una página web su estructura funcional, cuestiones jurídicas, sus contratos, las subvenciones que percibe y los salarios de sus responsables, como el resto de los afectados por la ley.
Ayllón ha declarado que el que no quiera estar en la Ley de Transparencia tendrá que dejar de percibir ayudas o subvenciones públicas y ha indicado que el criterio para establecer que una institución u organización esté afectada por la Ley de Transparencia será objetivo.
En este sentido, ha explicado que estarán incluidos aquellos organismos, entidades y asociaciones en los que la financiación proveniente de fondos públicos supere un determinado porcentaje o cantidad de su presupuesto total.
Ayllón ha dicho que ese porcentaje o cantidad no se ha fijado aún y se negociará con los grupos parlamentarios, aunque ha aventurado que, probablemente, la ley afectará a todas las entidades en que la mitad de su presupuesto provenga de fondos públicos.
Respecto a la Agencia de Transparencia que creará la norma para velar por el cumplimiento de la ley, ha dicho que dependerá orgánicamente del Gobierno, pero «vamos a tratar de que sea lo más independiente posible».
En este sentido, ha explicado que será una agencia similar a la Agencia de Protección de Datos que, aunque depende del Ministerio de Justicia, su presidente lo nombra el Parlamento.
En el caso de la Agencia de Transparencia, su presidente será propuesto por el Gobierno y lo nombrará el Parlamento, aunque todavía no se ha determinado si se hará por mayoría simple o absoluta, según ha señalado Ayllón.
También ha dicho que para reforzar la independencia de este órgano, el mandato del máximo responsable de la agencia será de más de cuatro años, de forma que no estará sujeto a los cambios de gobierno.
El ministerio del que dependerá la agencia orgánicamente aún no ha sido determinado y se barajan las opciones de que se adscriba al de Hacienda y Administraciones Públicas o al de Presidencia, según Ayllón.
Una de las funciones de la agencia será contestar las reclamaciones de los ciudadanos que soliciten alguna información de alguna institución o entidad acogiéndose a la ley, ha indicado Ayllón, que ha señalado que, en caso de que se deniegue, el solicitante tendrá la posibilidad de recurrir la decisión ante la justicia.
Por otro lado, ha dicho que ve «muy posible» llegar a un acuerdo con el principal grupo de la oposición, el PSOE, que mañana se abstendrá en el debate a las enmiendas a la totalidad, así como con otros grupos, pues muchas de las cuestiones que demandan se incorporarán a través de enmiendas parciales, como la inclusión en la ley de los partidos políticos, la Casa Real, los sindicatos y las organizaciones empresariales.
