(Efe) El proyecto, que legalizará los matrimonios entre personas del mismo sexo en Inglaterra y Gales (Escocia e Irlanda del Norte tienen las competencias transferidas), continuará ahora su trámite parlamentario en la Cámara de los Lores y entraría en vigor en 2014 si cumple con las diligencias previstas.
La tramitación del texto ha suscitado un nuevo enfrentamiento entre un amplio segmento del Partido Conservador y el «premier» británico, que hace apenas una semana ya se enfrentó a una rebelión en sus filas cuando 115 de sus diputados votaron en contra del programa del Gobierno en materia europea.
En esta ocasión, el apoyo de los liberaldemócratas, socios de Cameron en el Gobierno, y la oposición laborista resultó crucial para la pervivencia de un proyecto que había superado ayer el último obstáculo de importancia que podía retrasar su aprobación en los Comunes, una enmienda interpuesta precisamente por un diputado conservador, Tim Loughton.
El parlamentario, abiertamente crítico con la posibilidad de legalizar el matrimonio homosexual, planteó una corrección al texto que el Ejecutivo interpretó como una treta para entorpecer la tramitación y que fue finalmente tumbada con el voto en contra de 375 diputados frente a 70, la mayoría de estos conservadores.
La ley que ha impulsado Cameron prevé permitir el matrimonio civil entre personas del mismo sexo y no obliga a las organizaciones religiosas a celebrar ese tipo de ceremonias.
Ante la oposición que han planteado la Iglesia Anglicana y otras organizaciones, los legisladores han optado no solo por eximirlas de la obligación de casar a personas homosexuales sino por prohibir expresamente el oficio de bodas gays en el ámbito religioso.
Para que una organización religiosa pueda casar a parejas del mismo sexo deberá pedir antes el permiso explícito del Gobierno, según una ley que los liberaldemócratas del viceprimer ministro Nick Clegg celebran como un éxito propio para el que han tenido que vencer la resistencia de sus socios conservadores.
Las parejas homosexuales pueden celebrar desde 2005 uniones civiles en los ayuntamientos británicos, un vínculo que podrán convertir en matrimonio en virtud de la nueva legislación, mientras que las parejas heterosexuales pueden optar por el matrimonio civil o religioso.
Los parlamentarios que se han mostrado contrarios a la ley han argumentado que el Estado gastará cerca de 4.000 millones de libras (unos 4.640 millones de euros) si ésta entra en vigor debido al cobro de pensiones por parte de cónyuges homosexuales.
Sesenta diputados de todos los partidos, incluidos 35 «tories», expresaron en una carta abierta al inicio del trámite parlamentario del proyecto que el actual Gobierno no tiene potestad para redefinir el matrimonio durante esta legislatura debido a que no se debatió en la campaña.
En los últimos días, además, las bases del Partido Conservador han esgrimido razones electorales para tratar de frenar la legislación, ya que consideran que su aprobación será un lastre para los «tories» en los próximos comicios, en 2015.
El grupo «Conservative Grassroots», que aglutina a las asociaciones conservadoras del país, sostiene que el apoyo de Cameron al matrimonio gay hará «prácticamente imposible» que el partido renueve la confianza de los votantes y otorgará en cambio nuevos apoyos al euroescéptico UKIP, que ha ganado terreno respecto a los «tories» gracias a su antieuropeísmo.
Por contra, la secretaria de Estado de Igualdad británica, Lynne Featherstone, una de las defensoras de la legislación, considera que «no es correcto que dos personas que se aman y quieren formalizar su compromiso vean denegado su derecho a casarse»
