(Efe/InfoCatólica) Gallardón ha reiterado que la ley actual, aprobada en 2010, «lesiona» la doctrina del Tribunal Constitucional y ha subrayado que la reforma que elabora su departamento no será un sistema de plazos «sino un sistema de indicaciones».
Ha sostenido que España está obligada a modificar su legislación en función de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, porque «un discapacitado -ha dicho- no tiene peor derecho» que una persona que no lo es.
«Por lo tanto, si hay interrupción del embarazo será por un motivo distinto, pero jamás podrá ser por razón de discapacidad de una persona porque eso significaría crear personas de primera y de segunda», ha destacado Gallardón.