(EP) En su moción, también exigirán que el Parlamento recuerde al Gobierno de España la aconfesionalidad del Estado proclamada en la Constitución y, en este sentido, que se rechace «cualquier injerencia en el derecho a una maternidad libremente decidida al dictado de ninguna moral religiosa».
Instarán a todos los grupos a que se manifiesten contra la reforma anunciada de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y que «rechacen la regresión que ello supondría».
Ya el pasado lunes en el Pleno del Parlamento la diputada Ana Isabel Méndez preguntó al Gobierno de Cantabria cuál será su postura ante la reforma «ultraconservadora» que, a pesar del apoyo social que hoy tiene en España, incluso entre votantes del PP y entre personas católicas, pretende llevar a cabo el Ministro Gallardón a la vigente Ley del aborto.
Según señala el PSOE, «la pregunta no era inocente», pues, según afirmó dicha diputada, es «de todos conocido que en el Consejo de Cantabria se sientan al menos tres personas ultraconservadoras y de profundas convicciones religiosas».
El PSOE reclamó que quería que separaran su moral privada y defendieran el mandato de aconfesionalidad del Estado recogido en la Constitución española.
Para la parlamentaria «la sorpresa fue mayúscula» cuando la consejera de Presidencia y Justicia, en nombre del Gobierno de Cantabria, avanzó que «mantendrían una postura cercana a los movimientos PRÓVIDA», exigiendo una derogación de la actual ley de plazos (que permite el aborto libre hasta las 14 semanas.
Según el PSOE, esto supondría «retrotraer» a España a «hace más de 30 años», incluso a una situación «más severa» que la ley de supuestos de 1985.
Méndez defendió la «importancia» de que siga vigente el actual sistema de plazos, que determina que la maternidad sea libremente decidida y que la mujer pueda interrumpir su embarazo sin alegar ningún motivo en las 14 primeras semanas.
Además, criticó a la derecha por «utilizar el aborto electoralmente» y rechazó que el «integrismo» dentro del Partido Popular y de la Conferencia Episcopal «coaccionen» al Gobierno para que el aborto deje de ser un derecho para ser un delito penado y sometido, nuevamente, a un procedimiento criminal.
Méndez insistió en que las mujeres «no son ni terroristas, ni asesinas» por el hecho de ejercer su libertad. «Una libertad que no vamos a permitir que se nos coarte» y defendió el actual sistema de plazos porque «respeta la capacidad de las mujeres como seres autónomos para decidir sobre su maternidad, ya que no exige ningún certificado médico».
Explicó que se trata de un sistema igualitario porque garantiza la igualdad de todas las mujeres, cualesquiera que sea su nivel adquisitivo, en el acceso a la prestación de forma gratuita, y además es un sistema más seguro para las mujeres y para los profesionales.
