(Aleteia/InfoCatólica) Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia reclama al gobierno que apueste por la familia: «para superar la crisis y crear una sociedad más humana, justa y solidaria« y muestra que España tiene en estos momentos una legislación «poco respetuosa con el matrimonio y la familia».
El Foro de la Familia explica que «sin familias fuertes y estables no es posible afrontar los problemas de fondo de nuestra sociedad vinculados a la crisis demográfica, al creciente número de jóvenes que carecen de un ambiente estable y amoroso de acogida e inculturación y de tantos individuos desarraigados sin nadie que les acoja en situaciones de paro, dependencia o vejez».
La conciliación no es una prioridad política real en España
También coincidiendo con el Día de la Familia, el Instituto de Política Familiar denuncia que «no se lleva a la prácticas» las recomendaciones de la UE y mediante el informe: ‘Documentos de la UE sobre la familia. Selección de textos’, insisten en que España «suspende en ayudas a la familia» y que «las administraciones ningunean a la familia».
Entre los datos que ofrecen destaca que en España se «dedica menos del 1 por ciento del PIB en prestaciones directas por hijos», mientras que el país va perdiendo población y, además, ésta «envejece a pasos agigantados».
El presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), Eduardo Hertfelder insiste en que mientras existe un interés creciente en la UE por la familia como pilar fundamental para salir de la crisis económica, en España «se ningunea sistemáticamente».
Otro de los ejemplos que ofrecen es la baja por maternidad, de 16 semanas (por las 18 recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo), mientras que las de paternidad son de tan solo dos semanas.
Entre los principales incumplimientos se encuentran el que «no se desarrolla una política integral de familia ni se aplica la perspectiva de familia, además de que no se dispone ni de un plan integral de apoyo de familia ni de ley de familia» y denuncia que no se preserva ni garantiza «el derecho de los padres a la estabilidad conyugal y el de los hijos a vivir en un hogar estable».
Los derechos de los padres a la educación de sus hijos y lo que consideran la imposición «adoctrinadoras en los colegios tales como Educación para la Ciudadanía», completan las recomendaciones del Instituto de Política Familiar.
