(Efe) La cuestión ha suscitado en reiteradas ocasiones una fuerte polémica en el país, dado que una de los dos jefaturas del Estado recae en el arzobispo de La Seu D'Urgell, mientras que el otro Copríncipe es el presidente de la República Francesa. En este sentido, el principal argumento esgrimido por el grupo Demócrata para rechazar el proyecto es la voluntad de mantener el equilibrio institucional.
El presidente el grupo parlamentario de DA, Ladislau Baró, ha defendido su rechazo a tomar en consideración la propuesta «por responsabilidad y lealtad institucional» y ha añadido que «cada régimen político tiene sus limitaciones e imperfecciones» y que «las imperfecciones son muchas menos y de menor calado que las virtudes». Del mismo modo, ha concluido que «la Iglesia católica no permitiría que un obispo fuera jefe de estado de un estado que despenaliza el aborto».
Sin embargo, desde el grupo parlamentario socialdemócrata, se argumenta que la propuesta «pretende dar satisfacción a una demanda social que pide respeto a la mujer y a su libertad y dignidad». La consejera del PS encargada de defender su propuesta, Mariona González, ha acusado a DA de ser el portavoz del Copríncipe episcopal, aunque ha recordado que éste «no se ha manifestado».
«Me pregunto de qué nos sirve ser el segundo parlamento más paritario, porque hoy no nos ha servido para nada», ha añadido. Los socialdemócratas proponían que el aborto fuera posible en caso de que exista riesgo para la salud de la madre, de violación o de malformación del feto, dado que el artículo 108 del Código Penal fija tanto penas de prisión e inhabilitación para los médicos, como penas de arresto para las mujeres que se sometan a un aborto.
Otra iniciativa proabortista en marcha
La de hoy ha sido la segunda ocasión en que el PS ha puesto el tema a debate en el parlamento. De hecho, la proposición rechazada es idéntica a la que ya defendió el partido en 2005 y, entonces, fue el Partido Liberal, que ostentaba la mayoría, quien votó en contra del texto. Recientemente una plataforma ciudadana, denominada «Sí als nostres drets» (Sí a nuestros derechos), ha puesto en marcha una recogida de firmas a favor de la despenalización del aborto en estos tres supuestos.
El objetivo de esta plataforma, tal como han señalado, es el de cuantificar realmente el apoyo de la sociedad para que se produzca este cambio legislativo. La plataforma, que presentará las firmas al Gobierno y al Consell General este mes de junio, ha recogido en una semana más de 1.000 apoyos.
El hecho de que el Principado prohíba la interrupción voluntaria del embarazo hace que cada año decenas de mujeres andorranas acudan a desplazarse a clínicas españolas (principalmente de Cataluña) y francesas (mayoritariamente en Toulouse) para abortar. Según datos de la Generalitat de Cataluña, en 2010 fueron 146 las mujeres que se desplazaron a clínicas catalanas para abortar, un 2,6 % menos que el año anterior.
