(LD) Las razones por las que el departamento de Ruiz Gallardón pretende dar este paso, tras varios retrasos, en las próximas semanas son múltiples.
En primer lugar, porque fue una de las promesas que el PP llevaba en su programa electoral con el que llegó a la Moncloa en noviembre de 2011. Y, en segundo término, porque en el actual Ejecutivo existe rechazo real –no impuesto, inciden– con la ley de plazos vigente considerada a todas luces demasiado permisiva.
Según explicó el pasado lunes el propio Ruiz Gallardón, la nueva legislación prohibirá el aborto por discapacidad del feto y donde, además, el peligro sobre la salud física o psíquica de la mujer deberá acreditarse. «No será una mera declaración, sino una constatación», ha añadido.
Con la nueva ley el Gobierno tratará de proteger la vida del concebido. La máxima a seguir es que «no hay una vida menos valiosa que otra ni mucho menos a cuenta de una incapacidad».
Sin presiones por parte de la Iglesia
Por otro lado, desde Justicia se niega que el impulso definitivo de esta ley esté condicionado a las últimas críticas proferidas por la Conferencia Episcopal sobre la lentitud del Gobierno a la hora de afrontar la reforma de esta ley. Las fuentes insisten en que era «un compromiso» y «vamos a cumplir con él».
El pasado lunes, coincidiendo con la visita de Mariano Rajoy al Vaticano, el presidente de la CEE, Antonio María Rouco Varela, se refirió a la legislación sobre el aborto para lamentar que «los pasos dados en estos meses hacia la resolución de estos graves problemas resultan todavía insuficientes». También pidió eliminar el matrimonio homosexual, extremo al que el Ejecutivo no está dispuesto.