(EP/InfoCatólica) El director general del Foro Español de la Familia, Ignacio García Juliá, ha indicado que «hay que ser prudentes hasta que esté el texto escrito» pero asegura que las palabras del ministro indican que el nuevo texto supondrá una «reducción drástica del número de abortos».
Por su parte, la portavoz de la plataforma Derecho a Vivir (DAV), Gádor Joya, ha animado al gobierno a redactar una «ley de aborto cero». Según Joya, «un gobierno con mayoría absoluta no debería regatear lo más mínimo en salvar vidas humanas». Asimismo, se ha mostrado desconfiada frente a la «inminencia» de la presentación del texto dado que «Gallardón lleva mucho tiempo diciendo que la reforma va a salir pronto», según ha recordado. Además, asegura que «para los niños que están siendo abortados siempre será muy tarde».
García Juliá ha destacado, en declaraciones a Europa Press, el «cambio de matiz» que supondrá la nueva ley respecto a la que rige actualmente. Así, mientras la aprobada por el gobierno socialista era una Ley del Aborto, esta será una «ley de apoyo a la maternidad», según ha matizado.
Por otra parte, ha aplaudido la eliminación de la «aberración» del aborto eugenésico y la exigencia de certificación médica, por parte de un profesional independiente del centro abortista, de los supuestos de daños físicos o psicológicos para la madre. El 98 por ciento de los abortos que se produjeron bajo la ley de 1985 se hacían bajo este supuesto, que se había convertido en «un coladero», según ha indicado.
Joya, en cambio, ha reclamado la eliminación de este supuesto, dado que, «prácticamente todas las enfermedades psiquiátricas pueden ser tratadas durante el embarazo». Además, señala que «está comprobado que la mayoría de estas enfermedades mejoran durante el embarazo».
El director general del Foro Español de la Familia se ha mostrado también partidario de alcanzar el «aborto cero» en España, pero ha reconocido que «no se pueden cambiar las costumbres con leyes» y que el aborto es un «problema social». En este sentido, ha calificado como un bien «cualquier ley que venga a disminuir la conciencia social del aborto como algo necesario».
Además, ha pedido que la nueva ley no sea como la de 1985 sino que «se articulen las medidas oportunas para que se haga cumplir» y que se castigue a quienes «se lucran con el negocio del aborto». Así, asegura que «no puede quedar impune cualquier aborto que se haga fuera de la ley».
Postura de Profesionales por la Ética
Por su parte, Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, ha señalado que «entre los aspectos positivos del anuncio cabe señalar que, de llevarse adelante la reforma, se rompería la cadena de falsos derechos y consecuencias de las leyes de plazos que hemos visto desarrollarse con la actual ley de aborto libre. La consecuencia es que la vida del nasciturus estará más protegida y serán más efectivas las ayudas que se puedan ofrecer a la mujer desde las consultas de atención primaria. Además, los médicos no podrán ser presionados ni se les exigirá el aborto como ejercicio de un derecho y como acto médico».
«Además», ha añadido, «la nueva legislación podrá propiciar el actual Código Deontológico de la Organización Médica Colegial que obliga a los médicos a informar sobre el acceso y derivación al aborto, incluso para los médicos que se declaren objetores. Esta lamentable situación convierte al médico de atención primaria en colaborador necesario para abortar».
Otro aspecto positivo del anuncio de Gallardón, según Profesionales por la Ética, es que todo discapacitado tendrá el derecho a la vida y no se le eliminará a causa de sus características físicas o psíquicas. Tampoco se enseñará el aborto en las facultades de Medicina como obliga la actual normativa.
Entre los aspectos negativos del anuncio del ministro de Justicia, Urcelay destaca que «la vida de todos los seres humanos en fase intrauterina no se encontrará igualmente protegida, pues no se promociona el aborto cero y se sigue dando licencia para acabar con los más débiles».
