(M. Martí/La Razón/InfoCatólica*) Según dijo la titular de Igualdad a Europa Press, la iniciativa sólo se aplicará “si se alcanza suficiente consenso”. Se trata “sólo de una recomendación”, dijo, ya que el anteproyecto de la nueva “Ley del Aborto” no se ha redactado aún, y aseguró que “el Gobierno incluirá este aspecto” sólo si logra “un amplio consenso jurídico, médico y parlamentario”.
La medida implicaría además modificar la Ley de Autonomía del Paciente, que recoge como requisito la mayoría de edad para interrumpir el embarazo sin la autorización del padre, madre o tutor.
Apoyos parlamentarios
Aído reconoció que necesita “el apoyo parlamentario para sacar adelante una ley de estas características” y que las recomendaciones de los expertos han recibido críticas por parte de grupos parlamentarios y asociaciones progresistas, que ven la reforma insuficiente: “El Gobierno entiende que no todo el mundo puede estar de acuerdo. Hay en ocasiones posturas extremas y entendemos que tenemos que legislar en función de los intereses de la mayoría”, constató.
En cuanto al ya comentado plazo de las 22 semanas, la ministra recordó que la recomendación procede de Naciones Unidas, cuya Organización Mundial de la Salud establece que en ese plazo un feto puede vivir fuera del seno materno. Por este motivo, “en el primer periodo, prevalecerá el derecho de la mujer y, a partir de esa viabilidad fetal, el derecho del no nacido”. Una vez rebasado este plazo, según el anteproyecto de ley, no se podría abortar, sino que se induciría el parto.
Aído también mencionó “una tercera casuística: el feto incompatible con la vida”, casos en los que se autorizaría el aborto quirúrgico “para no hacer sufrir a la mujer sabiendo que tiene un feto no viable”. “Así es como está en la mayoría de los países europeos y así es como queremos que esté en la legislación española”, apuntó la alta funcionaria, quien incidió en que el objetivo de la nueva ley es proteger tanto a la mujer como “al no nacido una vez pueda vivir independiente de la mujer”.
