(María Poveda/La Razón) “Entendemos que estas situaciones en las que la mujer aborta por amenazas de su pareja suponen una doble violencia, contra ella y contra el bebé”, dice Mariscal. La psicóloga explica que una evaluación de la salud mental de la mujer que acude a interrumpir su embarazo requiere al menos tres sesiones en las que el especialista pueda valorar su estado psíquico, su grado de madurez en la toma de la decisión y la existencia de motivos ocultos, como presiones o amenaza de su pareja, que le lleven a no seguir adelante con la gestación.
En lugar de esto, la propuesta para legislar tan sólo habla de un procedimiento de “entrega a la mujer de la información adecuada”, así como del “establecimiento de un periodo de reflexión de al menos tres días” (aunque se puede acortar si está en el límite del plazo de 14 semanas), pero en ningún caso la gestante será reconocida por un médico psiquiatra. Esta situación es incluso peor que la que existe con la ley actual, donde, para abortar por “riesgo de salud mental para la madre”, el supuesto que aluden el 97 por ciento de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, al menos exige la presentación de un informe psiquiátrico -si bien en muchas clínicas abortistas ha existido un fraude de ley con este supuesto, y han aparecido informes psiquiátricos en blanco-.
En el borrador de conclusiones en el que se basará la futura ley del aborto se establece que, una vez concluido el plazo de 14 semanas de aborto libre y hasta la semana 22, la mujer podrá interrumpir su gestación alegando riesgo para su salud si es certificado por un médico especialista distinto al que realice la intervención. Sin embargo, de nuevo no se concreta que esta evaluación la tenga que hacer específicamente un psiquiatra. “Desde el punto de vista de la salud mental, la propuesta es un horror. No va a haber psiquiatra ni psicólogo que evalúe a nadie”. Ni siquiera las menores, que a tenor de la propuesta oficial podrán decidir interrumpir su embarazo sin contar con el beneplácito de sus padres, requerirán de un reconocimiento psíquico que garantice su madurez en la toma de la trascendental decisión. Las bases de datos de AVA constatan un alto porcentaje de mujeres que han abortado por violencia de género. Pero la gravedad es aún mayor, pues “la mayoría no denuncia a sus agresores y si lo hacen, luego la quitan”, agrega Mariscal.
