(Efe) El Comité de Bioética de Catalunya, organismo asesor de la Generalitat, apuesta por una ley que permita el aborto libre hasta un plazo máximo de entre 16 a 24 semanas de gestación, y sin límite de tiempo en los casos de malformaciones del feto y de peligro para la salud física o psíquica de la madre.
Ésa es una de las principales recomendaciones que recoge el informe sobre la interrupción del embarazo que el Departamento de Salud encargó al Comité de Bioética de Catalunya, presidido por Victoria Camps, tras la polémica desatada por las investigaciones judiciales en clínicas abortistas de Barcelona.
El informe, que ha presentado hoy en rueda de prensa Victoria Camps, defiende una nueva legislación basada en un sistema de plazos que permita abortar a todas las mujeres que deseen hacerlo, sin condiciones, con un límite no inferior a las 16 semanas de embarazo y no superior a las 24.
Además, en la ley que propone el Comité no habría límite legal de tiempo para abortar en los casos en que se detecten malformaciones en el feto o cuando corra peligro la salud física o psíquica de la madre, supuesto que debería ser siempre acreditado mediante los informes médicos correspondientes.
El Comité Consultivo de Bioética no es partidario de condicionar el derecho de aborto a la situación socio-económica de la madre, como defienden otros grupos de expertos, porque ese supuesto es "difícil de demostrar", según Camps, que propone "diluirlo" entre el resto de los previstos por la ley.
Tras recordar que los hospitales públicos sólo asumen el 2,6% de las interrupciones voluntarias del embarazo, la presidenta del Comité ha pedido que el aborto esté garantizado por la sanidad pública y se mejore su prestación por parte de los profesionales, ya que actualmente, en su opinión, "no hay cultura" de practicarlo.
Para Camps, con una nueva legislación se evitaría la situación actual, en que la mayoría de abortos se tienen que llevar a cabo en la sanidad privada debido a la "inseguridad jurídica" en que la ley sitúa a las mujeres que deciden abortar y a los médicos que practican las interrupciones del embarazo.
El Comité, que está adscrito al Departament de Salut, también pide que se fije en 16 años la mayoría de edad para poder decidir si se aborta y que, en los casos en que sea necesario acreditar que peligra la salud mental de la madre, sean considerados válidos los informes emitidos por los médicos de familia, dado que a menudo son los que mejor conocen la situación de la mujer.
Las recomendaciones del informe recuerdan también la conveniencia de que se ofrezcan consejos sobre salud sexual y reproductiva a las mujeres que decidan abortar, pero que el asesoramiento sea "lo más neutro posible".
Asimismo, el informe del Comité reclama políticas de educación sexual más efectivas y que se aborde de forma especial el tema del aborto entre las mujeres inmigrantes, pues este colectivo es el que registra el mayor índice de interrupción voluntaria del embarazo y a menudo lo utiliza como un método más de planificación familiar.
Respecto a la regulación de las objeciones de conciencia, el informe no propone ninguna recomendación concreta ya que, ha apuntado la directora general de Planificación y Evaluación, María Luisa de la Puente, se trata de "un tema delicado en el que tenemos que estar de acuerdo con los colegios profesionales". De la Puente ha asegurado también que la consellera de Salud, Marina Geli, se ha comprometido a trabajar para incorporar las propuestas del Comité de Bioética dentro de las competencias que la Generalitat tiene actualmente en materia abortiva.
