(HazteOir) En su texto, titulado “Sobre Educación para la Ciudadanía”, Monseñor López Llorente manifiesta que nada habría que objetar contra una EpC cuyo currículo estuviera “libre de componentes ideológicos, preparara para la convivencia democrática y se centrara en el estudio de los derechos humanos, del ordenamiento constitucional, de las instituciones sociales intermedias, de los organismos comunitarios europeos, etc”. Una materia con esas características podría ser “aceptable por todos” e incluso “una materia importante para la formación de los alumnos”.
Sin embargo, tal y como está fijada por los Reales Decretos dictados por el Gobierno de España, a través de EpC, “el Estado va a imponer con carácter obligatorio para todos los alumnos y en todos los centros una determinada formación de la conciencia moral, al margen de la elección de los padres”, y, de esta forma, a juicio del obispo, “se conculca el derecho originario y prioritario de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
El Presidente de la Comisión de Enseñanza de la CEE pone de manifiesto que el Ejecutivo de Zapatero “no ha ofrecido garantía jurídica de que los centros de la Iglesia puedan adecuar el programa de la asignatura al ideario católico de los centros”, por lo que “los centros católicos se van a ver obligados” a impartir una materia que “está en contradicción con su carácter propio” y, como consecuencia de ello, estas instituciones “no podrán desarrollar con entera libertad su proyecto educativo y verán limitados sus derechos a la libertad educativa”. “Al actuar así”, denuncia Monseñor López Llorente, “el Estado traspasa sus competencias y lesiona derechos fundamentales de los padres y de la escuela libremente elegida”.
El obispo se remite a la Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal de 28 de febrero de 2007 y reitera que “los padres harán muy bien en defender con todos los medios legítimos a su alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral que desean para sus hijos”.
Así mismo, expone que “entre estos medios legítimos está la objeción de conciencia frente a EpC sea en centros públicos sea en los de iniciativa social, también en colegios católicos”.
En los párrafos finales, Monseñor López Llorente recuerda que “la objeción de conciencia es algo que responsable y libremente han de decidir los propios padres” y que quienes la ejercen “no actúan contra los centros escolares”, sino que, además de defender “su derecho a elegir la formación moral de sus hijos”, defienden así mismo “la neutralidad de la escuela pública y el carácter e ideario propio de los centros privados”.
Finalmente, considera que “nadie puede legítimamente impedir ni tampoco forzar la opción de presentar objeción de conciencia”, por lo que, “tanto los colegios públicos como los de iniciativa social habrán de respetar la opción que los padres hagan” y la autoridad educativa “debería respetar el derecho subjetivo de los padres a la objeción de conciencia y ofrecer a estos alumnos el tratamiento adecuado”, a la espera de que “el Tribunal Supremo resuelva las cuestiones pendientes sobre este asunto”.
