(EP) El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibirá mañana a las 12.30 en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Antonio María Rouco Varela, informaron fuentes del Palacio de la Moncloa.
Zapatero recibirá al cardenal en una última y apretada jornada del curso político, el mismo día en que presidirá el último Consejo de Ministros ordinario y posteriormente viajará a Palma de Mallorca para el primero de sus dos despachos veraniegos con el Rey. La reunión entre Zapatero y Rouco sólo tendrá cobertura gráfica.
Se trata, según informaron a Europa Press fuentes episcopales, de una reunión habitual después de la elección de un presidente de la CEE que, "por motivos de agenda de ambos" no ha podido celebrase antes.
Rouco Varela fue elegido nuevo presidente de la CEE el pasado 4 de marzo, en votación celebrada en el transcurso de la XCI Asamblea Plenaria del Episcopado, reunida en la Casa de la Iglesia en Madrid, sólo unos días antes de que Zapatero fuera reelegido presidente del Gobierno el 9 de marzo.
Las mismas fuentes indicaron que "no hay orden del día previamente pactado" para la reunión, que calificaron "de interés mutuo". Entre otros asuntos, ambos analizarán las relaciones entre Iglesia y Estado que Rouco calificó hace unos días como "normales".
Monseñor Rouco afirmó el pasado 20 de julio en Sidney (Australia), en el marco de la XXIII Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se reuniría "probablemente" con Zapatero antes de que acabase el mes de julio. Madrid fue designada por el Papa Benedicto XVI como la próxima sede de la JMJ en 2011.
También en el Palacio de la Moncloa trabajaban desde hace semanas con la intención de que la primera cita de la legislatura entre Zapatero y Rouco se produjera antes de las vacaciones de verano y la fecha sólo estaba pendiente de las agendas de ambos.
El propio Zapatero se expresaba así el pasado 12 de junio: "No tengo ninguna fecha, pero sí la voluntad para hablar de libertad religiosa y de otras cosas que siempre convienen", afirmó en una rueda de prensa junto al presidente mexicano, Felipe Calderón, que se encontraba de visita oficial en España.
Así, aunque la reunión no tiene una agenda prefijada, el jefe del Ejecutivo dejaba claro que uno de esos temas de interés mutuo es la intención del Gobierno de revisar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR) en esta legislatura. Este asunto es prioritario para el Gobierno, pero no urgente y lo más seguro es que el proyecto no se presente este año.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo quiere propugnar un trato más igualitario entre todas las confesiones religiosas, pero ha subrayado que no está entre sus planes la revisión de los acuerdos con la Santa Sede.
Esto tampoco está entre los objetivos del PSOE que, en su recién celebrado 37 Congreso Federal, rechazó las peticiones de algunos delegados que pedían que la reforma de la Ley abriera la puerta a la revisión de estos acuerdos. El PSOE sí se pronunció a favor de una mayor laicidad en la vida pública y de la desaparición progresiva de los crucifijos y otros símbolos religiosos en los edificios públicos.
No obstante, la dirección socialista dejó claro que esta supresión se hará al ritmo que marque la sociedad, y no con normas ni decretos prohibitivos. Además, el Congreso del PSOE decidió en el último momento no pedir el fin de los funerales de Estado católicos, puesto que no hay una liturgia laica alternativa.
Por otro lado, el Congreso socialista sí reclamó avances hacia la laicidad en otras políticas que previsiblemente serán de interés común para Zapatero y el presidente de la Conferencia Episcopal.
Por un lado, el PSOE pidió una reforma de la ley del aborto con la vista puesta en una ley que combine plazos y supuestos, y fue mucho más allá de lo que propugnó unos meses antes en su programa electoral, en el que sólo proponía una reflexión para ver si era necesario, con todo el consenso, modificar la ley.
Y además, los socialistas pidieron una regulación de los cuidados paliativos y el testamento vital de los enfermos. No propugnaron la eutanasia, pero el texto que aprobaron sí decía que en los próximos años "la sociedad española debería abrir el debate hacia la posible regulación legal del derecho de los pacientes afectados por determinadas enfermedades terminales o invalidantes a solicitar de los profesionales una intervención más activa" para "garantizar su derecho a una muerte digna".
