(Inma Álvarez/ Alfa y Omega) Hace unos días, miles de padres con sus hijos se manifestaban ante la Consejería de Educación de la Generalidad de Cataluña para exigir que se respete el derecho de los padres a elegir el centro educativo que quieren para sus hijos. Un derecho que, denuncian, está seriamente amenazado en el anteproyecto de ley que tramitará próximamente el Parlamento catalán.
Cerca de 3.000 padres, según la agencia Europa Press, acudieron a la manifestación convocada por la Plataforma Dret a escollir (Derecho a escoger), el pasado 9 de junio, contra la ley de educación (LEC) que el actual Gobierno catalán quiere aprobar en los próximos meses. Según explicó a Alfa y Omega don Joan Garriga, portavoz y coordinador de la plataforma, la LEC amenaza los derechos de los padres, al imponer un modelo de escuela única. «Se trata de una ley intervencionista, que apuesta por la uniformidad del sistema educativo».
Como medidas generales, la ley impone la zonificación a priori, con lo que se impide a los padres escoger el centro que quieren para sus hijos. Además -afirma Garriga-, «no se garantiza la gratuidad de la educación, ya que la financiación de los centros concertados es muy inferior a la de los centros públicos, con lo que éstos no pueden cumplir con todas las obligaciones que se les imponen. También se ignora totalmente el carácter propio de los centros educativos, incluso se prohíbe, en contradicción con la legislación vigente, la educación diferenciada (no mixta), tanto en los centros públicos como en los concertados».
Para Garriga, la premisa de esta ley es que habla continuamente de servicio público de educación, en lugar de servicio de interés público, y que «la Generalidad actúa como si fuera propietaria de las dos redes, la pública y la concertada, imponiendo las condiciones que deben cumplirse, y que están recogidas en el artículo 26. Impone, entre otras cosas, un comisario político en el Consejo Escolar de los centros concertados, para control y gestión. Es como si en el gobierno de una empresa se tuviera por ley un representante de Hacienda». Todas estas cuestiones, según Garriga, estaban ya presentes en la Ley Orgánica de Educación (LOE) y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña (art. 29), así como en los sucesivos Decretos de matriculación que han emanado del Departamento de Educación catalán en los últimos años. La ley supone la consagración de todas estas actuaciones.
«Desde la Plataforma Dret a escollir llevamos luchando desde 2004 contra todo esto. Hemos participado en las manifestaciones contra la LOE, y nos hemos opuesto al Estatuto en lo relativo a educación, y hemos interpuesto recursos contra los Decretos de matriculación. Ni la consejera de Educación Marta Cid, ni Josep Bargalló nos recibieron nunca en persona, y el actual, Ernest Maragall, tampoco parece que quiera recibirnos».
La Plataforma se constituyó en 2004 en torno a un manifiesto por la libertad de educación, que cuenta hasta la fecha con más de 20.000 adhesiones. En la manifestación del 9 de junio estuvieron también presentes la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC) y la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures (FAPEL), las cuales han presentado 25 alegaciones al texto, apoyadas por más de 225.000 firmas. Todos ellos muestran su firme voluntad de seguir luchando para que esta ley no se apruebe.
Estrangular a la concertada es quitar libertad a los padres
«Nosotros hacemos un llamamiento a todos los padres catalanes, porque cuando en 2010 se acabe la renovación de los conciertos, y empiecen a suprimirlos en virtud del artículo 26 de la nueva ley, tanto en las escuelas diferenciadas como en las concertadas, por considerar que ya hay oferta pública (y esto es lo que pretenden), será tarde para protestar. Cuando empezó a gobernar el Tripartito, la proporción entre la escuela pública y la concertada estaba en un 60-40%. Actualmente estamos en un 70-30% y su intención manifiesta es la de llegar al 80-20% o incluso al 90-10%». Muchos centros, según Garriga, «viven asfixiados bajo el permanente chantaje de los conciertos. La mayor parte de ellos tienen más demanda que oferta, pero están ahogados porque la Administración no les deja crecer, ya que sólo se crean plazas en la escuela pública».
Respecto a la permanente acusación contra la escuela concertada de que rechaza escolarizar a inmigrantes, Garriga recordó que con los Decretos de escolarización de la Generalidad, en los que la zonificación es el criterio fundamental, «la escuela concertada no interviene para nada en la escolarización de alumnos; no puede admitir ni rechazar a nadie, porque todo el proceso lo lleva la Administración educativa. Es la zonificación impuesta la que ha creado estas desigualdades. Como padre, tengo que protestar ante la cobardía de muchos titulares de centros concertados que no son capaces de denunciar este estado de cosas, y dejan que se les acuse de cosas que no son ciertas».
Además, Garriga denuncia que «el concierto sólo cubre los gastos del profesorado (que cobra menos que en la pública), pero ni la luz, ni el mantenimiento de las instalaciones, ni la limpieza; y si eso la Administración no lo paga, ese dinero tendrá que salir de los padres. Pues bien, encima la Administración prohíbe a los colegios cobrar cuotas a los padres porque la educación tiene que ser gratuita».
Para Joan Garriga, se ha llegado a esta situación porque tanto los titulares de los centros concertados como los padres «no hemos sabido reaccionar a tiempo. Se ha llegado a esto por la falta de resistencia de las familias».
Una escuela pública más plural
Para la Plataforma, la escuela concertada catalana ofrece actualmente «un amplio abanico de posibilidades: colegios religiosos o no, con uniforme o sin él, mixta o diferenciada, con proyectos lingüísticos y con idearios distintos», una pluralidad que «no existe en la escuela pública. Nosotros defendemos, por el bien de la sociedad, una escuela pública plural, en la que los centros tengan mayor capacidad de decisión, y en la que el Consejo Escolar pueda orientar el ideario».
De todas formas, «la Plataforma Dret a escollir representa a los padres y a las madres, no a la escuela concertada, ni a sindicatos ni a ninguna institución», aclara Garriga, «y de hecho entre nosotros hay padres de alumnos de escuelas públicas. Lo que queremos es defender nuestros derechos en la educación de los hijos, estén en la escuela que estén».
«Nuestra propuesta -continúa Joan Garriga- es que la Administración sea lo más subsidiaria posible, que planifique siempre en virtud de la demanda de los padres. Que, antes de aprobar ninguna ley educativa, pregunte a los padres por lo qué éstos quieren, y que trabajen para hacerlo realidad, y no al revés. Y en cuanto a financiación, que el dinero se haga llegar directamente a los padres, con cheque escolar, con desgravación fiscal o con lo que sea».
Garriga cree que, de momento, la prioridad es tener visibilidad pública: «Movilizar a los padres para que les escuchen, porque ni siquiera los medios de comunicación reflejan nuestras protestas. Si pasa el verano y el Decreto llega al Parlamento de Cataluña como está, seguiremos con las movilizaciones, incluso llegaremos a los tribunales si es necesario. La educación de nuestros hijos es un derecho esencial, y no vamos a reparar en medios para defenderlo».
