(Esther L. Palomera/La Razón) El debate sobre el laicismo volvió ayer a la Cámara Baja. Esta vez no a propuesta de ningún diputado del PSOE, sino de quienes fueron sus socios en la anterior Legislatura. ERC-IU-ICV demandaban una ley que prohibiese el uso de símbolos religiosos en las tomas de posesión. ¿La respuesta? Sí, pero no. Los socialistas se mostraron favorables a avanzar en la retirada de este tipo de símbolos, «en coherencia con la defensa de la laicidad», pero no a promover una legislación en este sentido.
Lo explicó, por la mañana, el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, para quien la supresión de este tipo de símbolos debe producirse como consecuencia de «la práctica y la evolución social y protocolaria», pero nunca mediante «prohibiciones legales que no tienen ningún sentido». Pero lo expuso con mayor claridad, por la tarde en el pleno, el también socialista Ramón Jáuregui. Desde su condición de secretario general del Grupo Socialista, pero también como socialista cristiano, recordó que el decreto que regula el protocolo del Estado no habla de ningún símbolo religioso ni tiene expresión de confesionalidad alguna. Por tanto, conminó a Gaspar Llamazares a aclarar si lo que pretendía su grupo era legislar para que la Casa Real retirara la Biblia y el crucifijo en las tomas de posesión.
Luego, se mostró partidario de acentuar los esfuerzos de aconfesionalidad del Estado, pero nunca con tensiones innecesarias». «La laicidad avanza al ritmo de la práctica colectiva. ¿Laicidad? Sí, pero no negación del hecho religioso», subrayó. «España es lo que es y nadie puede prohibir ni el Corpus, ni la Semana Santa, ni la celebración del 15 de agosto en media España».
El PP, por boca de Eugenio Nasarre, secundó la posición socialista, aunque por diferentes motivos. Su oposición responde, claro, a que se hablaba de un asunto que «no demanda nadie». Sólo el PNV apoyó la propuesta de ERC-IU-ICV, pero para hacer un planteamiento más ambicioso que pasaba por la supresión de las ceremonias de acatamiento de la Constitución, y de la consecuente toma de posesión del cargo. «Son formalismos anacrónicos, fósiles de una época distinta, cuando imperaba una política distinta», apuntó el portavoz nacionalista vasco. Y si el PSOE dijo «no» a la prohibición del crucifijo y la Biblia en los actos públicos, hizo lo mismo con la petición del BNG para que se retoquen los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, a pesar de que algunos de sus diputados aún defiendan lo mismo que los nacionalistas gallegos y republicanos, que apoyaron la propuesta. Esta vez arguyó que su programa electoral no incluyó ningún compromiso en este sentido, lo que no impidió que las minorías le recordaran el reciente compromiso de De la Vega de promover la reforma de la Ley Religiosa. A pesar de ello, el PSOE salvó esta vez el trance: todos sus diputados acataron la disciplina.
