(C. Morodo/La Razón) A la izquierda le preocupa mucho la Iglesia y la vigencia del delito de injurias contra la Corona. Tanto que sus primeras iniciativas de la Legislatura son un paquete de propuestas que sitúan en el punto de mira el estatus de la Iglesia católica y la protección penal de la Familia Real en el ordenamiento jurídico. El Parlamento debatirá estos asuntos tanto en comisión como en el Pleno.
En un escenario económico como el actual, la pasada semana el Gobierno cosechaba grandes titulares al anunciar ante la Comisión Constitucional que entre sus proyectos está una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para avanzar en el camino de la «laicidad». Parece que llueve sobre mojado, ya que por esa línea han ido las primeras propuestas de las minorías que fueron su báculo la pasada Legislatura.
IU, ERC y el BNG son algunos de los impulsores de un frente común contra los supuestos privilegios de los católicos y para avanzar en el camino de una laicidad a la que el PSOE hizo algún guiño en su programa electoral. Los socios formales de Rodríguez Zapatero en su primer mandato justifican su ofensiva en la «profunda secularización» de la sociedad española en los últimos años y en la superación de un contexto histórico en el que la Iglesia «mantenía un poder extraordinario como consecuencia de su alianza con el franquismo». El objetivo -dicen- es acabar con sus «privilegios» en financiación, en la enseñanza de la religión, en el régimen de conciertos con la enseñanza privada y en materia fiscal.
Esquerra y la formación de Llamazares han registrado una proposición no de ley sobre la revisión y denuncia de los acuerdos del Estado con la Santa Sede, por la que instan al Gobierno a seguir adelante con la anunciada reforma de la Ley de Libertad Religiosa y a reformar la Ley de Asociaciones, para que la Iglesia Católica no reciba ningún privilegio respecto a otras confesiones religiosas.
El mismo espíritu inspira otra proposición de Ley Orgánica de Libertad Ideológica, Religiosa y de Culto. Pretende sustituir a la Ley de 5 de julio de 1980 y plantea que el Estado garantice un sistema de educación pública y aconfesional y proteja con la misma vehemencia las prácticas y cultos de todas las religiones. Así, defiende que las diversas creencias puedan realizar matrimonios «según sus propias ceremonias y credos para el reconocimiento de su comunidad» y que las Cortes creen una comisión de estudio para establecer un nuevo calendario festivo adecuado a las «tradiciones culturales y festivas arraigadas en las culturas del Estado».
Hay también una proposición no de ley que reclama al Gobierno que adopte las reformas legales necesarias para facilitar la declaración de apostasía y su reconocimiento por parte de la Iglesia católica sin necesidad de que el apóstata recurra a la Justicia para que se borren sus datos del registro bautismal.
De la posición del PSOE dependerá la tramitación de este paquete de iniciativas. El PP votará en contra de todas ellas.
