La presidenta regional, Esperanza Aguirre, afirmó hoy que en ningún caso el Gobierno autonómico impondrá criterios éticos, religiosos o no, en los servicios públicos regionales. Aguirre se refería así en la sesión de control al Gobierno celebrada hoy en la Asamblea de Madrid a la polémica sobre el convenio firmado en enero de 2008 entre el consejero de Sanidad y la Iglesia católica en el que se contempla la presencia de capellanes en Comités de Ética de los hospitales de la región.
"El único cometido de los capellanes es dar asistencia a los pacientes y familiares cuando, libre y voluntariamente, lo soliciten", dijo Aguirre, y aseguró que "en ningún caso, ningún religioso, ni ninguna otra persona religiosa o no, va a imponer criterios éticos o morales en ningún servicio público de la Comunidad de Madrid".
Aguirre especificó, en respuesta a la portavoz del Grupo Parlamentario de IU, Inés Sabanés, que el convenio "no es una novedad" ya que es igual que el firmado en 1997 y subrayó que "las decisiones asistenciales las toman los médicos por principios científicos, legales y de respeto a la autonomía de los pacientes" y no los capellanes.
La presidenta dijo que la participación de los sacerdotes en los Comités de ética "es consecuencia de una circular de la Dirección General del Imsalud sobre creación y acreditación de Comités asistenciales públicos, entonces de toda España" y afirmó que "probablemente, la circular esté inspirada en la guía de creación de comités de ética de la UNESCO".
Por otra parte, la presidenta tuvo palabras para la "ética de IU" y se preguntó "cómo es posible" que la coalición realice esa pregunta cuando "está apoyando a la alcaldesa proetarra de Mondragón", que, según indicó, "está ahí gracias a sus votos y que sigue ahí gracias a sus votos después del asesinato del ex concejal socialista en Mondragón, Isaías Carrasco".
La portavoz de IU, Inés Sabanés, afirmó que su Grupo "siempre ha discrepado de los antecedentes" del convenio, y reseñó que "lo más relevante es que consolida la presencia de capellanes en Comités de Ética y cuidados paliativos".
Así, acusó a la Comunidad de introducir "interpretaciones particulares de normas generales" y apuntó que "cuanto más plural y diversa es la sociedad, más se empeña (la Comunidad) en dar protagonismo y un trato de privilegio a la Iglesia católica", por lo que exigió la "retirada de convenio unilateral", y que "como mínimo, sea debatido conocido e informado".
