(Agencias) El Obispo de Málaga, Antonio Dorado Soto, afirmó hoy que es "una buena noticia" el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) "haya reconocido el derecho a la objeción de conciencia a un matrimonio malagueño, precisamente al cual la Junta de Andalucía le negó el derecho para poder imponer dicha objeción", contra la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC).
Según afirmó Dorado en rueda de prensa, esta resolución "dará lugar a que un día haya una tasación de sentencias". El TSJA ha reconocido este derecho a unos padres de Málaga contra EpC, aunque el Gobierno andaluz ya prepara un recurso de casación.
La sentencia, dictada en esta semana, reconoce este derecho después de que el pasado 4 de marzo, este mismo tribunal diera la razón a unos padres de Bollullos Par del Condado (Huelva), también contrarios a que su hijo recibiera esta asignatura. Así, defiende el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones y la libertad ideológica y religiosa, amparadas por los artículos 27.3 y 16.1, respectivamente.
En esta ocasión, los hijos de los demandantes aún no han cursado esta materia. No obstante, la sentencia, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, considera que la familia está legitimada a oponerse a esta "controvertida asignatura".
Asimismo, el Tribunal ve "sumamente razonable" permitir a los familiares "anticiparse a las consecuencias" derivadas de la matriculación de sus hijos en la citada materia y pone como ejemplo los casos en los que los jóvenes contrarios al antiguo Servio Militar presentaban la objeción antes de ser llamados a filas.
Para Dorado, la sociedad se ha encontrado con el tema contradictorio de que,"mientras la Religión Católica se pone como voluntaria y sin alternativa, se haya implantado EpC como obligatoria". Además, concretó que cuando la Iglesia y los padres han tratado de hacer objeción de conciencia y los obispos han hablado de que no es lícito imponer la asignatura, no lo han hecho en contra de que se imparta una educación para la ciudadanía, ya que están contra la que se imparte en España.
