(InfoCatólica) El presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, ha asegurado que «esta sentencia es un disparate jurídico, social y económico, cuyas consecuencias ya estamos padeciendo». Arsuaga ha denunciado que el fallo del TC «pervierte el fundamento básico de la justicia» y lo enmarca en que «desde hace años» se asiste a «un acoso y derribo atroz del matrimonio y la familia».
Tras tildar el fallo del TC como «atentado directo a la familia española», el presidente de HO ha advertido que esta sentencia junto a «la promoción del divorcio» tendrá «consecuencias de desestructuración social a corto plazo» y ha alertado de los «posibles efectos perversos que tiene despreciar las necesidades de los menores, que tienen derecho a tener un padre y una madre».
Para Arsuaga, «parece mentira que, en un contexto de crisis económica, de envejecimiento de la población y de inestabilidad de los fundamentos del sistema de pensiones entre otros males, se apoyen modelos sociales cuya aportación, lejos de ser positiva, supone un lastre». También ha manifestado su preocupación por el «efecto rebote» que esta sentencia pueda tener fuera de nuestras fronteras, en especial en Hispanoamérica.
Foro de la Familia podría plantear una ILP
El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, ha asegurado que el fallo del TC hace que la confianza que tienen «muchos» españoles en la Carta Magna «pierda puntos y licencias». Para Blanco, el Alto Tribunal «cambia la expresión material» de la Carta Magna, algo que, a su juicio, «no es bueno para el país».
Benigno ha anunciado que si el gobierno decide dejar la ley como está, promoverá una Iniciativa Legislativa Popular «para restablecer el matrimonio como unión específica para el hombre y la mujer».
Se trivializa el matrimonio natural
Con esta sentencia», explica Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, «se trivializa el matrimonio natural, formado por un hombre y una mujer, y se dejan cuestiones tan sensibles como el derecho de los niños a tener un padre y una madre en manos del legislador de turno».
Y es que el Tribunal Constitucional argumenta que la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio es sin más una opción legislativa que no afecta al mandato constitucional de protección del matrimonio como derecho «del hombre y la mujer»,
«Por otro lado», concluye Urcelay, «el Tribunal Constitucional permite regular este tipo de matrimonio como parte de la potestad del legislador de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos sean reales y efectivas. sin considerar que hay realidades que, por naturaleza, no pueden ser iguales, por lo que únicamente forzando la ley pueden equipararse en derechos y obligaciones».
