(Aciprensa/InfoCatólica) La joven falleció en el Centro Médico de los Maestros (Semma), donde recibía la quimioterapia desde el 20 de julio en medio del debate entre grupos abortistas que pedían un aborto y grupos pro-vida que recordaban que la Constitución protege al ser humano desde el momento de la concepción.
El viernes 17 de agosto en la madrugada la adolescente expulsó el feto y en la mañana falleció. Según la prensa local, los médicos indicaron que hicieron lo que clínicamente se debía hacer, independientemente de la presión de los medios.
Durante los días previos, el Arzobispo de Santo Domingo y Primado de América Latina, Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, dispuso que se socorriera a la familia y se le ayudara a través del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y Telemedicina. Con el apoyo concreto de la Iglesia se cubrió los costos de los análisis y las plaquetas que necesitaba Rosalba.
En ese sentido, el P. Manuel Ruíz, que siguió el caso y apoyó a la familia, dijo a la prensa que se tenían los donantes para las pruebas y que la Iglesia cubriría lo que el Ministerio de Salud no hiciera. “¿Dónde estaban las feministas, además de sus ruedas de prensa?”, preguntó el sacerdote.
El doble efecto
En medio del debate, el P. Luis Rosario, coordinador de la Pastoral Juvenil, emitió un comunicado difundido el 24 de julio en el que explicó la posición de la Iglesia en estos casos. En el texto, el sacerdote recordó que desde el punto de vista moral existe “la causa del doble efecto”, que consiste en “una acción para lograr un bien, pero que puede tener como consecuencia algo negativo. En este caso el bien es lograr la salud de la adolescente madre, mientras que el posible mal podría ser la muerte de la criatura”.
“Lo importante es que se trate de salvar la vida de los dos, naturalmente poniendo atención primero en quien está enferma, que es la mujer embarazada (…). En caso de que atendiendo a la madre y poniendo el debido cuidado y diligencia para salvar la vida de la criatura, ésta muriera, no es una acción ni moralmente ni legalmente punible”, indicó.
“El artículo 37 de la Constitución no prohíbe atender a la madre en peligro, al contrario, establece que su derecho a vivir es inviolable y, por tanto, hay que atenderla en la forma médica y científica más profesional. Lo que este artículo prohíbe es violar el derecho a la vida”, añadió.
Sin embargo, advirtió que lo penado es “la intención de cometer el crimen”, como fue el aborto solicitado por las feministas. “Quienes defienden la despenalización del aborto, aprovechan cualquier ocasión para seguir adelante con su causa”, como fue el caso de Rosalba, indicó. “El aborto es un crimen. Esa madre adolescente, independientemente de todo lo que podamos hablar al respecto, ya es una madre y necesita la mejor de las atenciones, como también merece cuidado delicado la criatura que está en su vientre”, señaló en su comunicado.
