(L'OR/Agencias) Dos solicitudes de juicio al Tribunal vaticano por delitos de hurto agravado y complicidad como resultado de noticias reservadas durante una transmisión televisiva y a través de la publicación, en el libro de Gianluigi Nuzzi, de documentos privados robados del apartamento pontificio. De hurto agravado deberá responder Paolo Gabriele, ayudante de cámara del Papa; de complicidad Claudio Sciarpelletti, un laico analista y programador que trabaja en las oficinas de la Secretaría de Estado.
No se les han imputado, sin embargo, las acusaciones de violación del secreto de oficio «por carencia de pruebas» y de concurso en hurto agravado «por insuficiencia de pruebas ». La sentencia de solicitud de juicio, emitida por el juez instructor Pietro Antonio Bonnet a petición del promotor de justicia Nicola Picardi, se hizo pública la mañana del lunes 13 de agosto, y se explicó a los periodistas acreditados ante la Sala de prensa de la Santa Sede.
El hecho de haber llegado a esta sentencia, sin embargo, no significa que el proceso mismo se deba considerar concluido. Como observa el mismo Bonnet, esta primera fase tiene en cuenta sólo el «delito de hurto agravado y respecto de los acusados Paolo Gabriele y Claudio Sciarpelletti, quedando obviamente abierto el proceso por los restantes hechos que constituyen delito respecto de los citados acusados, y/u otros».
La publicación íntegra del documento —puso de relieve el padre Federico Lombardi, director de la Sala de prensa de la Santa Sede— indica la voluntad de transparencia y el respeto de la autoridad judicial vaticana. Por otra parte, siempre ha existido «la clara intención del Papa de respetar el trabajo de la magistratura y sus resultados», destacó también el padre Lombardi. Y «eso explica también la no publicación de resultados de la comisión cardenalicia» para no ejercer condicionamientos.
En las 35 páginas presentadas esta mañana —íntegramente accesibles en la página web de la Santa Sede (www.vatican.va)— se ilustran tanto el procedimiento penal ante el tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, con la requisitoria del promotor de justicia Nicola Picardi, como el sumario concluido con la sentencia de solicitud de juicio. La densa documentación ofrece numerosos detalles de la investigación iniciada después de la primera difusión de noticias y documentos reservados, el 3 de febrero de 2012. Se refieren a declaraciones hechas por los acusados y a testimonios de muchas personas escuchadas por los investigadores, cuyos nombres se han sustituido con letras del alfabeto «por un principio de corrección» como explicó el padre Lombardi.
El mayordomo del Papa
Luego se enumeran todas las verificaciones realizadas, como prevén la legislación y los procedimientos penales, para certificar las responsabilidades de Gabriele antes de formular la acusación, proceder al arresto, establecer la imputabilidad del acusado, con particular referencia tanto a su posible estado de enfermedad mental como al concepto normativo de consciencia y libertad de sus propios actos.
Al respecto, se presentaron los informes del perito profesor Roberto Tarantelli, nombrado de oficio por el Tribunal, y del perito profesor Tonino Cantelmi, nombrado por los abogados del acusado. Sobre la base de los informes de los peritos, de las respuestas de Paolo Gabriele, de los testimonios recogidos durante las investigaciones y de las irrefutables pruebas encontradas en las habitaciones de Gabriele —entre otras cosas se encontraron un cheque y objetos desaparecidos del apartamento pontificio —, el juez instructor se ha decantado por la salud mental y, consiguientemente, por la imputabilidad jurídica. Gabriele también ha hecho confesión explícita y espontánea del delito del que ha sido acusado.
El informático de la Secretaría de Estado
«Menos grave» se define la situación de Sciarpelletti, al cual, a causa de las «declaraciones contradictorias » que ha hecho, el juez le ha imputado el delito de complicidad. Su actitud, sin embargo, «ha influido negativamente en la actividad procesal, eludiendo la investigación de la autoridad y obstaculizando en particular las investigaciones de la policía judicial y de las relativas búsquedas». En un cajón del escritorio de Sciarpelletti se halló un sobre sellado «que contenía documentos reservados», también ellos objeto de publicaciones. Sciarpelletti, arrestado también él el 25 de mayo, sólo estuvo un día detenido. La naturaleza de la acusación, de hecho, permitió la inmediata concesión de arresto domiciliario.
El Papa «ha recibido estos documentos —ha dicho el padre Lombardi— y los ha leído. Él puede intervenir cuando quiera o considere oportuno». El director de la Sala de prensa añadió que una hipótesis muy probable es que el juicio se produzca en el otoño.
Sciarpelletti, técnico de sistemas informáticos de la Secretaría de Estado, detenido el 25 de mayo y liberado al día siguiente, será juzgado por “receptación” de objetos robados. Los medios de comunicación no han tenido conocimiento de esta detención ni de su implicación hasta este lunes. “Su papel es marginal”, precisó el portavoz de la Santa Sede, padre Federico Lombardi. El informático fue suspendido de su cargo “ad cautelam”, por precaución, pero sigue percibiendo su salario.
La investigación prosigue
El Vaticano proseguirá la investigación sobre otras personas involucradas en el escándalo, precisó el religioso. “La magistratura vaticana descubrió una realidad muy compleja. La justicia proseguirá su labor, la investigación sobre otras personas involucradas sigue abierta”, declaró Lombardi durante una conferencia de prensa, quien no excluyó realizar «rogatorias internacionales».
Según explicó Lombardi, no parece haber una motivación económica como inspiradora del delito. En las declaraciones realizadas ante los investigadores, Paolo Gabriele se denomina como un «infiltrado del Espíritu Santo», llamado para ayudar a la Iglesia «viendo el mal y la corrupción por todas partes». Gabriele en su confesión explica como «un shock, aunque fuese mediático, habría podido ser bueno para hacer volver a la Iglesia al camino justo».
Sobre sus presuntas relaciones con el periodista Gianluigi Nuzzi, autor del polémico Sua Santità, que difundió un centenar de documentos confidenciales filtrados desde el Vaticano, Gabriele reconoce que se encontraron en la vivienda del periodista, pero niega haber recibido de él «dinero u otros beneficios», y justifica sus actos explicando que consideraba que «el sumo pontífice no estaba suficientemente informado de algunos hechos» y «en ese contexto fui animado de mi fe profunda y del deseo de que en la Iglesia se debía hacer luz sobre cada hecho». Esa fue la idea que le llevó a sustraer del escritorio del papa varios documentos que fotocopió para que «no se dieran cuenta de la desaparición de los originales».
