(La Información/InfoCatólica) El artículo cuestionado establece que «la religión católica, apostólica romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento».
La propuesta es que la Constitución, que data de 1948, diga que «el Estado será neutral en materia religiosa y garantizará la libertad de conciencia y la de profesar cualquier religión dentro del marco de la ley».
Costa Rica es el único país del continente americano con un Estado confesional, aunque hay constituciones, como las de Venezuela o de República Dominicana, que no especifican que el Estado es laico pero sí reconocen libertad de culto.
Venegas subrayó que esta modificación pretende poner al país en línea con la doctrina de derechos humanos, donde no pueden existir diferencias entre los ciudadanos por su credo religioso.
«La neutralidad religiosa del Estado parte del principio de igualdad y no discriminación, donde todas las denominaciones tienen igualdad de condiciones y el Estado se limita a la defensa y garantía de la libertad de conciencia», dijo.
El diputado del Movimiento Libertario (ML, derecha), Carlos Góngora, aclaró que con la declaración de un Estado laico, Costa Rica «no pasará a ser un Estado ateo», mientras que para el izquierdista José María Villanta, del Frente Amplio, la reforma es necesaria para respetar «la diversidad de creencias» de toda la población.
«El Estado no puede tener religión, lo que no significa una cruzada contra Dios ni la eliminación de ninguna creencia religiosa. El Estado laico es la norma en el mundo moderno», añadió.
Costa Rica es uno de los pocos países del mundo con el catolicismo constitucionalmente establecido como religión oficial, por la cual el Estado da parte de su presupuesto a la iglesia católica, además de que ésta goza de beneficios fiscales y su doctrina es enseñada en las escuelas públicas.
La mayoría de los países confesionales en el mundo son de religión musulmana, aunque varios países europeos mantienen la religión protestante como la oficial.
Villalta detallo a Efe que en caso de aprobarse esta reforma, tendrían que crearse nuevas leyes para definir la situación de la Iglesia católica en cuanto al pago de impuestos y en el sistema educativo público.
Actualmente el Ejecutivo costarricense negocia un concordato con el Vaticano del que no se han dado detalles acerca del contenido, pero las autoridades insisten en que su objetivo es «modernizar las relaciones» entre ambos estados.
Para que la reforma constitucional sea efectiva, la propuesta debe aprobarse por el Congreso en dos legislaturas (2 años) diferentes y tener el visto bueno del Gobierno.
Los diputados que la impulsan creen que en el mejor de los escenarios la Constitución podría ser modificada para el año 2014.
