(EP) En una entrevista concedida a Europa Press, Llorente Fernández de la Reguera ha asegurado que la respuesta del Gobierno ante las "muchas preguntas parlamentarias promovidas por algún grupo político" al respecto del pago del IBI por la Iglesia, va a ser el mantenimiento de la regulación actual y de una legislación que, según ha explicado, se remonta al año 1979 y que ningún gobierno ha modificado hasta el momento. "No hay en principio razón que nosotros consideremos fundada para modificar esa situación", ha remarcado.
Llorente ha afirmado que "se aplica la ley" y ha recordado que España "no se puede entender sin referencia al cristianismo" y "al papel que ha tenido la Iglesia". En esta línea, ha subrayado que existe un marco que ha funcionado "muy bien" y que, si ningún Ejecutivo ha querido modificarlo es "porque la regulación es satisfactoria y no hay una alternativa que pueda verse como algo mejor".
Además, ha precisado que el Acuerdo del Estado español con la Santa Sede es un convenio internacional, un "contrato entre dos partes", que "no se puede incumplir ni por parte de la Santa Sede ni del Gobierno". En cualquier caso, ha señalado que podría denunciarse, renegociarse o dejarse sin efecto, pero ha insistido en que "no hay motivos" para hacerlo.
Planteamiento incorrecto de la cuestión
Concretamente, ha indicado que el planteamiento de quitar privilegios a la Iglesia "no es correcto" pues, según ha indicado, "no son privilegios sino el resultado de una negociación" y, en todo caso, a su juicio, debería pedirse lo contrario, es decir, "tratar que se equiparen los derechos de las personas de otras confesiones con la Iglesia Católica".
En cuanto a la petición por parte de algunas asociaciones de eliminar la casilla de la 'X' en la Declaración de la Renta, ha afirmado que esta es "una de las vías de financiación" de la Iglesia que se establece a través de un acuerdo de financiación con el Estado, pero ha aclarado que la Iglesia Católica "no está" en los Presupuestos Generales del Estado.
Llorente ha apuntado que el Estado español es "neutral, no confesional" y que, por tanto, tiene la obligación de que todas las personas con independencia de sus creencias puedan ejercer libremente su religión y practicar su culto, pero ha destacado que la Iglesia Católica tiene una "singularidad" con respecto al resto y es que tiene un Estado, el del Vaticano –que ha permitido establecer unos acuerdos de igual a igual–, así como un mayor número de fieles, practicantes y centros, además de historia en España.
