(EP) Para el vicepresidente y portavoz del Instituto de Política Familiar (IPF), Mariano Martínez-Aedo, "lo más grave y preocupante es que la tendencia es a dañarse aún más porque las administraciones públicas no la apoyan realmente, más allá de declaraciones retóricas".
Sobre el "déficit del derecho a la maternidad", la organización señala que las mujeres en España sufren "una clara discriminación que afecta sustancialmente a su persona" en este sentido, porque se dan "obstáculos sociales, culturales, empresariales" que, sumados a la falta de ayuda económica pública, provoca que "sean las que acceden más tarde a la maternidad de toda Europa" y, su natalidad, "una de las más bajas".
"Las mujeres españolas no pueden tener los hijos que desean y las previsiones futuras son igual de malas", afirma el IPF, quien relaciona estos datos con el hecho de que España está "a la cola de Europa" en ayudas por hijo, con 24,25 euros al mes para ingresos brutos anuales menores de 11.377 euros, frente a la media europea de 125 euros mensuales que es "prácticamente universal".
No hay prioridad real al apoyo a la familia
Respecto al "déficit en el derecho a la libertad de elección de la vida laboral y conciliación de la familia", la organización apunta que es "muy deficiente" en España, "no es una prioridad política real, ya que cuando llega el momento de tomar realmente medidas de apoyo a la familia, no hay voluntad", como prueba que las reformas laborales han "olvidado", a su juicio, las medidas que potencian la adaptabilidad de los horarios.
"No hay legislación que realmente promueva o, al menos, tutele eficazmente el derecho a la excedencia por motivos familiares, la inexistencia de ayudas económicas es todavía más absoluta y son numerosos los casos en donde cuando las mujeres ejercen su derecho a la maternidad empiezan los problemas y las injusticias en las empresas", denuncia el IPF.
Rupturas matrimoniales
Por último, en cuanto a la estabilidad matrimonial, la organización considera que "no se está preservando ni garantizando el derecho de los padres a la estabilidad conyugal", algo que "debería ser una tarea fundamental de las administraciones actuar para apoyar a familias en situaciones de conflictividad o crisis".
Según explican, este es "el principal problema" de las familias españolas, con más de 127.000 rupturas cada año, más de la mitad de las cuales son de unidades familiares con hijos menores o dependientes. "Cada año, unos 100.000 menores y unos 14.000 dependientes ven rota su familia, sin contar los mayores de edad que viven con sus padres, y más de 70.000 madres viven anualmente el drama de perder la familia como núcleo de vida y cuidado de los hijos", afirma el IPF.
