(Efe) Dicho artículo castiga con entre uno y tres años de prisión a quienes "difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía".
Según consta en la denuncia, el arzobispo de Tarragona afirmó el pasado día 23 en TV3, refiriéndose a los matrimonios homosexuales: "distingo entre personas y el comportamiento de las personas. Todas las personas son hijas de Dios (...), pero hay comportamientos que no son adecuados ni para las personas ni para la sociedad; la Iglesia puede hablar, pero después no obligamos a nada porque no tenemos Mossos d'Esquadra ni prisiones".
El presidente de la Asociación de Expresos Sociales, Antoni Ruiz, que fue encarcelado durante tres meses en 1976 al ser denunciado por una monja por su condición homosexual, considera que el archivo de la denuncia deja al colectivo "indefenso ante los ataques y discriminaciones" vertidos por "los jerarcas de la Iglesia católica".
Para Ruiz, con esas expresiones la Iglesia intenta "volver a criminalizar" a lesbianas, gais, transexuales y bisexuales y persigue que los ciudadanos discriminen a este colectivo.
En opinión del presidente de la Asociación de Expresos Sociales, si el ordenamiento jurídico español incorporara la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los delitos de incitación al odio "hoy Jaume Pujol habría tenido que dar explicaciones ante un tribunal por sus descalificaciones".
