(ABC) El Comité de Bioética nació de la mano de Elena Salgado, cuando era ministra de Sanidad. Su propósito era debatir, emitir informes y asesorar al Gobierno en las cuestiones más delicadas; viejos y nuevos dilemas éticos que podrían surgir de los cambios sociales y avances científicos.
Para esta delicada tarea, el PSOE eligió hace cinco años a doce expertos con un perfil más humanista que técnico y, sobre todo, con una clara tendencia progresista (salvo excepciones) para apoyar sus iniciativas. Ahora, cuando está a punto su renovación y con el PP en el Gobierno, el Comité no está dispuesto a rehuir la polémica y prepara un dictamen sobre el suicidio asistido y la eutanasia.
Reconocieron que la sociedad española no estaba “preparada”
La eutanasia y el aborto no estaba entre las primeras tareas de este comité de “sabios”. Se estrenó con asuntos menos espinosos para echar a rodar. Su presidenta, Victoria Camps, dijo entonces que no quería interferir y aseguraba que la eutanasia no era una cuestión “urgente” ni “primordial”. “La sociedad no está en condiciones de abordar el suicidio asistido”, señalaba Camps. Sin embargo, el ex ministro Bernat Soria (heredero de Salgado en Sanidad) siempre había dicho que cabría hablar de eutanasia cuando se pronunciara el Comité de Bioética.
En estos cinco años, este organismo no ha sido especialmente activo, aunque no ha rehuido la polémica. Ha debatido sobre biología sintética, la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y aborto. Este último fue el que más tinta hizo correr al apoyar, punto por punto, las cuestiones más discutidas en la reforma de la interrupción voluntaria del embarazo.
Desde el sistema de plazos a la autonomía de las menores para abortar sin tener que informar a sus padres. En ese dictamen también consideró “urgente” la regulación de la objeción del personal sanitario para garantizar la prestación y descartó que el aborto supusiera la desprotección de la vida prenatal.
A favor del aborto de menores
El informe que apoyó a la reforma socialista se justificaba en lo difícil que era la adolescencia, una edad “poco propicia para la comunicación familiar”. Otro argumento para no informar a los padres se argumentaba en lo difícil que era compatibilizar el reconocimiento de la autonomía de la menor con el derecho de los padres a ser informados. Sí sugería que la información dada a las menores fuera “adaptada y reforzada” e incluyera la recomendación de hablar con los progenitores o con algún otro adulto de su confianza.
Era la primera vez que un organismo consultivo respaldaba la capacidad de decisión de las menores de forma absoluta. Y lo hizo con casi total unanimidad. De los doce expertos que forman el comité solo hubo un voto en contra, el del catedrático César Nombela quien manifestó su oposición al aborto en cualquier circunstancia.
Nombela es uno de los seis miembros del comité elegido a propuesta de las comunidades autónomas. Los otros seis fueron nombrados a propuesta del anterior gobierno socialista. Tres con el apoyo del Ministerio de Sanidad: Carlos Alonso Bedate, Yolanda Gómez y Carmen Ayuso. Otros tres lo fueron a propuesta de Justicia, Educación e Industria: José Antonio Martín Pallín, Victoria Camps y Jordi Camí.
