(Rafael Hernández/Palabra) El anteproyecto consta de 16 artículos. En la exposición de motivos, se resalta su intención de regular los lugares de culto, “sin que pueda producirse ninguna discriminación entre las diferentes confesiones y comunidades”.
Según declaraciones de Arantxa Quiroga, presidenta del parlamento vasco, a la Revista PALABRA, el anteproyecto “busca que los ayuntamientos vascos destinen un espacio para lugares de culto en sus planes urbanísticos, para garantizar así, de manera efectiva, según dicen, la libertad de culto religioso. Además, someten la edificación y el funcionamiento de los lugares de culto a ciertos requisitos burocráticos especiales, aparte de los ya existentes; todo en nombre de garantizar la libertad religiosa.
Sin embargo, Arantxa Quiroga manifiesta algunas reservas a la normativa: “No sé hasta qué punto es necesario meterse en una órbita tan íntima del ser humano como es la religiosa, sometiéndola a más regulación; no sé hasta qué punto se garantice la libertad religiosa con un proyecto que, detrás de una retórica garantista, lo único que hace es exigir nuevos permisos y crear nuevas instancias burocráticas. Pienso que lo mejor que se puede hacer por la libertad religiosa es dejar que cada grupo religioso sea libre para disponer de sus bienes de la forma que mejor considere, sometido lógicamente a las reglas urbanas básicas de convivencia, como todos los demás”.
En otro momento de la entrevista la presidenta del Parlamento Vasco añade que “el derecho a la libertad de culto en España está garantizado por la Constitución. Para aquellos de nosotros con convicciones religiosas se trata de una libertad fundamental, que toca lo más íntimo de nuestras vidas. Creo que lo mejor que pueden hacer las instituciones públicas, autonómicas y estatales, es precisamente abstenerse de intervenir en un ámbito que debe pertenecer al individuo”.
Quiroga cree que “estas `medidas positivas´, utilizando términos del propio proyecto, que buscan hacernos supuestamente más libres pueden terminar teniendo el efecto contrario, porque consisten por lo general en dar más poder a la administración, en perjuicio de los ciudadanos. Hay que tener cuidado con cualquier interferencia, por bienintencionada que parezca, en este ámbito, que no tiene por qué estar sujeto a las preferencias supuestamente neutras de ningún órgano planificador. Puede terminar siendo un arma de doble filo, en el peor de los casos, o una nueva medida reglamentista más sin trascendencia, en el mejor de ellos”.
Un estudio socio-religioso titulado “Pluralidades latentes. Minorías religiosas en el País Vasco” asegura que en Euskadi existen 214 comunidades y centros de culto no católicos. De entre ellos, los más numerosos pertenecen a los cristianos evangélicos y reformados.
La presencia de los distintos grupos religiosos en la Comunidad Autónoma Vasca no ha representado ningún problema para la convivencia pacífica en la sociedad vasca, a excepción de protestas aisladas surgidas en algunos barrios ante la construcción de mezquitas. Así, por ejemplo, los vecinos del barrio de Basurto (Bilbao) y de Zaramaga (Vitoria) se manifestaron públicamente en 2011 contra la edificación de sendas mezquitas. El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, del Partido Popular, pidió entonces al gobierno vasco que legislara sobre la materia, a fin de evitar conflictos de ese género.
Hay que tener también en cuenta que, según el estudio realizado en 2011 por el Sociómetro sobre desigualdades sociales, publicitado por el Gabinete de Prospección Sociológica del gobierno vasco, un tercio de los vascos se manifiesta abiertamente en contra de la construcción de mezquitas y otros lugares de culto donde los inmigrantes no católicos practiquen su religión.
Según Jorge Otaduy Guerín, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Navarra, “la solución de estos problemas, a mi juicio, no requiere elaborar una nueva ley, sino aplicar correctamente las ya vigentes. En materia de régimen jurídico de lugares de culto se abusa del argumento del `vacío normativo´, para justificar nuevas intervenciones del legislador autonómico que, lejos de incrementar la libertad religiosa, como dicen, someten a las confesiones religiosas a un mayor control administrativo. En materia de lugares de culto no existe vacío normativo. Hay miles de templos, de la Iglesia católica y de otras comunidades religiosas, funcionando perfectamente, sin que hayan de ser considerados como lugares semiclandestinos, establecidos al margen de la legalidad. Existe en nuestro país un régimen urbanístico al que se sujetan, como no podría ser de otro modo, las confesiones religiosas para establecer sus edificios y se exigen unas precisas condiciones de seguridad constructiva y de salubridad de esos locales, que se comprueban cuando se concede la licencia de primera utilización”.
Preguntado por la principal originalidad del anteproyecto, el profesor Otaduy responde que “la principal novedad del anteproyecto es la introducción en el ordenamiento jurídico de una licencia previa de apertura y funcionamiento específica para los lugares de culto. Se trata de una medida de dudosa legalidad, porque supone someter a los centros religiosos a un control superior de los establecimientos comerciales, a los que se exime en la legislación más reciente de ese régimen de control municipal. Teniendo en cuenta que la libertad religiosa es un derecho fundamental, que encuentra un nivel de protección superior al propio de la libertad económica, se entenderán las reservas que manifiesto hacia una medida de este tipo”.
