(Efe) El portavoz de la organización de víctimas KLOKK, Guiddo Klabbers, indicó que “hay vías dentro de la Iglesia para sancionar a los sacerdotes implicados”. Klabbers propuso esa solución tras constatar que para gran número de las víctimas, en su mayoría varones, se ha cerrado la vía judicial porque los delitos, gran parte de los cuales se produjeron entre 1945 y 1981, han prescrito.
Para el procurador de Justicia del Ministerio Fiscal, Han Moraal, “no hay vuelta atrás” en la prescripción de los casos. “Entiendo a las víctimas de los delitos, pero desde el punto de vista jurídico estoy con la espalda contra la pared porque no se puede revertir la prescripción”, aclaró el representante del Ministerio Fiscal. Moraal especificó que de unas 34 denuncias, sólo uno de los casos se ha aceptado para ser tramitado a juicio.
Sin embargo, la abogada Anneke Bierenbroodspot defendió que en estos casos se debería hacer una excepción dada la naturaleza de los delitos, que, afirmó, si no se han podido juzgar ha sido porque se han mantenido conscientemente en silencio.
Otro de los representantes de las víctimas, Ton Leerschool, opinó que además la Iglesia debería ser multada por “todo el daño social causado” y que ese dinero sea utilizado para abrir una oficina de ayuda a los afectados.
También criticaron la escasa respuesta recibida por parte de la Iglesia católica desde que se presentó el informe de la comisión Deetman, el pasado 16 de diciembre. El miembro de la organización “Mea Culpa”, Bert Smeets, se quejó de que las pesquisas de la comisión han ignorado a “las mujeres que se quedaron embarazadas y cuyos bebés les fueron arrebatados, así como a las víctimas de violencia no sexual por parte de sacerdotes”.
Los representantes de las víctimas coincidieron en señalar que muchos de los afectados carecen de la información necesaria para solicitar compensaciones, las cuales podrían ascender a 100.000 euros en casos de abusos graves.
Las conclusiones de la comisión Deetman
Por su parte, el arzobispo de Utrecht, Mons. Wim Eijk, precisó ante las preguntas de los diputados que estima que en este momento solamente “tres sacerdotes” implicados en abusos están en activo. Mons. Eijk reiteró la “vergüenza” de la Iglesia católica a causa de que se hayan producido abusos sexuales a menores y aseguró que trabaja “en la implementación de las recomendaciones” de la comisión Deetman.
Esa investigación constató que “entre 10.000 y 20.000” menores fueron víctimas a partir de 1945 de abusos sexuales por parte de religiosos en Holanda, una práctica que era conocida por una jerarquía eclesiástica cuya mayor preocupación entonces era evitar el escándalo.
También identificó a 800 presuntos autores, 105 de los cuales siguen vivos, y concluyó que los abusos, que ocurrieron en instancias como orfelinatos, seminarios e internados, iban desde el puro contacto físico hasta violaciones, de las que estimó se produjeron “unas 1.000”.
Todavía son inciertos los pasos que la clase política holandesa quiere dar tras el análisis del contenido de la comisión Deetman.
