(Diario de Mallorca) La consellera defendió que en el marco de la política de recortes forzados por la crisis económica la realización de abortos “no debe tener un trato diferencial”. Santiago le reprochó el retroceso que supone a su juicio la retirada de estas subvenciones porque obligará a mujeres a tener que costearse de su bolsillo la IVE. Castro lo desmintió: “En todos los casos en los que por ley una mujer quiera abortar, podrá ir a la sanidad pública, y si un médico tiene problemas de conciencia, se tendrá que buscar a otro ginecólogo que no los tenga”.
La consellera dijo “no entender” que la izquierda critique por un lado la privatización de la sanidad, y en el caso concreto de los abortos esté a favor de derivar a las pacientes a las clínicas de pago.
Progresistas de salón
En declaraciones a este diario, Carmen Castro insistió en que la prestación “estará garantizada” a partir del año que viene, cuando ya no se han presupuestado las partidas para los conciertos. Solo en el hipotético caso de encontrar negativas por parte de varios facultativos a realizar un determinado aborto amparado legalmente, se acudiría a la privada con cargo al erario público, dejó la puerta abierta la consellera. “Pero esto en el último extremo”, algo que Castro ve bastante improbable.
Según la consellera, “parece que cuando conviene a determinados progresistas de salón, sí hacemos excepciones; si para una operación de prótesis de cadera se va a un hospital público, para los abortos también”.
Castro recordó que desde que entró en vigor la nueva ley estatal sobre el aborto, el 5 de julio de 2010, el anterior Govern de Francesc Antich “enviaba a las privadas a todas las mujeres que querían abortar, para esto sí que les iba bien”, dijo en alusión de nuevo a los exgobernantes de izquierdas.
