(La Crónica/InfoCatólica) Hasta ahora, cuando ocho de los integrantes del Pleno ya se han expresado, Luis María Aguilar, José Ramón Cossío, Sergio Valls, Olga Sánchez Cordero y el ponente Fernando Franco, se han inclinado por nulificar la norma, mientras que el bando conservador enarbolado desde la sesión del lunes por Salvador Aguirre Anguiano sumó ayer dos nuevas voces: la de Guillermo Ortiz Mayagoitia y la de Margarita Luna Ramos, quien, en aparente contradicción, en agosto de 2008 había votado a favor de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, aunque en realidad lo que se discute es si los estados pueden legislar sobre la cuestión.
Así, el marcador provisional de 5-3 podría resultar engañoso, pues se requieren al menos ocho votos para declarar la inconstitucionalidad del precepto y a la vez negar a los estados la posibilidad de legislar en la materia.
Hoy ofrecerán sus posturas los tres ministros restantes: Arturo Zaldívar, el presidente Juan Silva Meza y Jorge Mario Pardo Rebolledo, el más nuevo en el Pleno, pues llegó en febrero de este año. Su sufragio será clave en la resolución del asunto, pues es de esperarse que Silva y Zaldívar apuesten por la invalidez.
En siete meses como ministro, Pardo Rebolledo se ha caracterizado por seguir una línea tradicional y conservador. De mantenerla, aportaría el cuarto voto necesario para sostener la reforma bajacaliforniana y, en consecuencia, dar libertad a los Congresos locales para decretar cuanto se les ocurra en el tema.
Con Baja California y San Luis Potosí, las dos entidades involucradas en las acciones de inconstitucionalidad en la mesa de la SCJN, son 18 los estados del país que han establecido leyes de protección absoluta a la vida prenatal desde la concepción o fecundación.
La Constitución no regula todo
Luna Ramos explicó su postura, negando contradicción alguna al asegurar que aunque votó por la despenalización del aborto en la capital del país, nunca compartió los argumentos expresados por la mayoría en aquella ocasión y su sufragio se basó de manera exclusiva en un análisis jurídico.
“Si en la Constitución no se establecen preceptos que definan la vida ni a partir de qué momento ésta tiene o no protección, ¿por qué no puede hacerlo el legislador ordinario?... La Constitución no tiene que llegar al detalle de regular todos los problemas”, dijo. Y defendió las modificaciones de Baja California: “Se dice que vulnera el derecho de las mujeres, ¿cuál? Se menciona el derecho a interrumpir el embarazo, ¿dónde está concebido eso en la Constitución o en algún tratado internacional? En ninguna parte se habla de este derecho concebido en favor de las mujeres”.
Comisión Mexicana de DDHH
Por su parte, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos difundió una declaración en la que asegura que una sentencia contraria a los blindajes constitucionales a favor de la vida sería una “burla contra los mexicanos”. La Comisión rechaza "por nazi, racista, inequitativo, fanática, y discriminatoria la pretensión de establecer diversidad de seres humanos, negándoles dignidad a unos y reduciéndola sólo para otros, como se pretende en el dictamen".
